La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que actúa como ‘garante’ en la implementación de los Acuerdos de Paz, ha ido atribuyéndose roles más allá de las funciones propias para las cuales se les contrató y además se les paga una millonada.
En una clara intromisión en los asuntos de Estado, la ONU pidió iniciar “investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad”; puntualizando en que debe ser objeto de una “profunda transformación”, incluyendo la revisión de los protocolos que rigen sus intervenciones en protestas sociales.
Este hecho se constituye en una afrenta al ejercicio propio del uso legítimo de la fuerza por parte de las autoridades, diseñada para contener actos vandálicos que atentan contra la seguridad de la ciudadanía.
La ONU se ha destacado en muchos países donde ha intervenido, como la gestora y promotora de la anarquía y desestabilización de Estados donde ha participado precisamente como “garante”.
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Así sucedió en Guatemala, donde luego de haber triunfado el “No” en el plebiscito -como en Colombia-, diseñó toda clase de argucias junto con Suecia y Noruega, con el fin de introducir vía Congreso el Acuerdo de Paz que hoy tiene a esa nación como uno de los países con peor seguridad jurídica y material en el índice de libertad económica del mundo.
Además, éste organismo apoyó la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-; una “supracorte” que terminó dominando la justicia, abusando de ella criminalmente para ponerla al servicio del socialismo.
Entre los señalamientos que se le han hecho públicamente a la CICIG, figuran persecuciones y encarcelamientos de manera ilegal e injusta a varios denunciados, en total violación a los derechos constitucionales de libertad, inocencia y debido proceso. Personas que terminaron perdiendo sus bienes y vieron afectadas su honra y la de sus familias. Todo esto, con el aval de la comunidad internacional y defendido por la ONU, a pesar de las evidencias.
Y ni qué decir de su rol en Siria, donde su nefasta intervención atizó más el fuego entre las partes, en una guerra ya de por sí en extremo compleja.
La agenda globalista de la ONU es un hecho. Causas como la ideología de género, la promoción del aborto sin límite de tiempo; las reformas a las instituciones castrenses hasta dejarlas “castradas”, son los objetivos a lograr dentro de un modelo de sociedad que impone la dictadura de las minorías, bajo la excusa de la “inclusión social”. Y han destinado todos los esfuerzos para este fin.
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ONG´s, movimientos ciudadanos y hasta medios de comunicación que se autodenominan ‘independientes’, han falsificado los hechos con el propósito de desconocer el valor civil de aquellos que entregan su vida para brindarnos seguridad, promoviendo la desmoralización de hombres y mujeres que se preparan para enfrentar lo peor.
Columnistas reconocidos hacen juego a esta estrategia, mintiendo de manera sistemática; añadiendo una dosis de perfidia a los hechos sucedidos, donde -para desgracia de ellos- todos vimos con nuestros ojos la violenta agresión contra los policías, a quienes absurdamente se les prohíbe defender su propia vida.
Todos conocimos los videos bárbaros de una prole endemoniada, propinando golpes, patadas y pedradas a los uniformados, para que hoy descaradamente se les culpe de excesos.
¿Recuerdan a María Jimena Duzán cuando escribió que quienes querían devolver a Colombia a una guerra inventada eran los Uribistas en su delirio imaginario del Foro de São Paulo? ¿Y que había razones suficientes para marchar? Claro, ninguna de esas válida para el periodo de Santos, ‘el intocable’.
Hoy las pruebas demuestran que ese “delirio” sí tenía asidero, con datos revelados hace poco en el informe de Alto Analytics, donde se evidencia la intervención y manipulación de la información en redes sociales por cuentas en el exterior -provenientes de Venezuela y Rusia-, durante las marchas del 21 de noviembre del 2019.
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Ha sido tal el empeño en enlodar nuestras instituciones, que rebajar a la Policía Nacional a la categoría del «enemigo principal» de la ciudadanía, ha sido la insignia de esta sucia campaña.
“La primera obligación de una autoridad es respetar la ley” dice Daniel Coronell en su columna ‘Abuso de autoridad’, en donde aboga por los derechos de la ciudadanía pero no por sus deberes.
Coronell desecha por completo casos como el del patrullero Walfran Narváez, quién perdió un ojo durante los disturbios en Bogotá y sus agresores celebraron «como si anotaran un gol» el daño causado; o el caso del patrullero Arnoldo Verú, gravemente herido luego de que le lanzaran un artefacto explosivo. O la joven Zahra Correa del batallón Guardia Presidencial, quien fue víctima de ataques con piedras que le destrozaron el tabique y otros huesos del rostro.
Y así, fastidiosamente, se suman al esfuerzo de invisibilizar la realidad de 371 policías heridos en todo el país, por cuenta de los disturbios patrocinados por ilegales que encontraron en las redes sociales nuevas herramientas de «comunicación» para hacer propaganda computacional y así alterar la percepción de la realidad.
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El pronunciamiento de la ONU, que pretende debilitar al Esmad y de paso a nuestras Fuerzas Militares, es el combustible que necesitan los carteles del narcotráfico, la guerrilla y los vándalos encapuchados -hoy bajo investigación por su relación con disidencias de las Farc-, para terminar de atrapar al Estado y dejarnos desamparados y a merced de estos colectivos.
El enemigo no es el ciudadano que rechaza los bloqueos y la violencia, que además respeta la autoridad como garante de su seguridad. Tampoco son enemigos los miembros de la Fuerza Pública. El verdadero enemigo es aquel que pretende destruir a Colombia bajo el discurso de los derechos de los vándalos y bandidos, por encima de los derechos de la gente de bien.