Comprometidos con la seguridad de los colombianos, radicamos el proyecto de ley 58 de 2021 que fortalece el monopolio del Estado sobre las armas y regular el porte y tenencia de armas para que todos los colombianos que requieran un arma para defenderse puedan tramitar los permisos de forma ágil y cumpliendo todos los requisitos.

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Desde antes de llegar al Congreso hemos defendido a las víctimas de despojo que la dejado la Ley de Restitución de Tierras, con el proyecto 170 de 2021 se busca brindar todas las garantías procesales y la debida indemnización a los segundos ocupantes vulnerables como lo ordena la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

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Nuestro compromiso con la Fuerza Pública es permanente, estamos cansados de la injusticia a la que están sometidos por la ilegitima Jurisdicción Especial para la Paz, llegando a tener que estar privados de su libertad, siendo inocentes, hasta por cinco años por un vacío injustificable en la norma. Para corregir este injusto radicamos el proyecto de Ley 219 de 2021 con el que esperamos devolverle el honor y la libertad a nuestros militares y policías.

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En medio de la crisis provocada por el coronavirus presentamos el proyecto de ley 225 de 2021, por medio del cual buscamos crear el Sello Hecho en Colombia para que los consumidores de todo el país sepan cuando están comprando un producto hecho por productores colombianos, apostamos a la solidaridad de los colombianos con sus compatriotas para ayudar a la reactivación de las empresas pequeñas y medianas en el país.

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Esta iniciativa legislativa busca modificar el artículo 3° de la Ley 1922 de 2018, para que toda persona que haya sido reconocida y acreditada como víctima en cualquier jurisdicción, se entienda acreditada en su condición de víctima de forma automática ante la Jurisdicción Especial para la Paz. De igual manera, su apoderado judicial que la haya representado en otras jurisdicciones podrá representar a la víctima ante la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia y sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

Pretendemos que en aplicación a los criterios de las Naciones Unidas en cuanto a la protección de las víctimas y los principios y directrices básicos de sus derechos, contemplados tanto en el Derecho Internacional de los Derechos humanos como en el Derecho Internacional Humanitario, esta norma no siga desconociendo que hay unas víctimas del conflicto armado, que provienen de otras jurisdicciones transicionales y ordinarias, sobre las cuales el Estado tiene la obligación de proteger y su reconocimiento preliminar, que no puede ser omitido, toda vez que existe por vía constitucional el compromiso de Protección frente a la revictimización. Ignorar este reconocimiento que se ha hecho a las víctimas del conflicto en otros procedimientos judiciales ya sean ordinarios o transicionales, desatiende la protección constitucional especial de la que gozan, como ocurre en el Registro Único de Víctimas, que quien acredite su condición de víctima no será controvertida con posterioridad, presupuesto que debería ser aplicable a aquellas víctimas que han acreditado serlo ante otras jurisdicciones.

Articular la demanda de alimentos y materias primas agropecuarias, que de acuerdo con sus objetivos misionales y competencias funcionales le corresponde adquirir a las instituciones públicas del orden nacional, departamental o municipal, con la oferta productiva agrícola y pecuaria interna, como instrumento eficiente para promover la competitividad sectorial y el consumo nacional. En esa medida, es fundamental el apoyo de iniciativas que busquen dar alternativas y soluciones, para prevenir la insolvencia económica de los productores agropecuarios, a causa del COVID-19. Propuestas como el aumento del consumo de productos que tengan origen nacional, a través de la toma de conciencia y apoyo del consumidor al agro colombiano, por parte de las entidades a cargo de procesos de compra de productos agropecuarios, mitigará el impacto en la caída de las ventas y permitirá aliviar el impacto económico que enfrentan. Todo esto sin desconocer tratados y acuerdos internacionales de los que Colombia es parte, garantizando la libre concurrencia y competencia.

Busca crear un sistema de fiducia en garantía que propicie a su vez la movilidad del mercado del crédito agropecuario y les devuelva a los productores “la libertad de elegir”. Será administrado por FINAGRO, bajo las directrices de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Así mismo, será complementario -no excluyente- al actual sistema de garantías no hipotecarias administrado por FINAGRO. De igual manera será a FINAGRO, y no a los bancos, a quien el deudor hipotecará sus activos. FINAGRO, como administrador, quien expedirá títulos hipotecarios de primer grado y de fácil aceptación por los bancos. El cupo o capacidad hipotecaria del usuario del crédito tendrá la condición “rotatoria”, es decir, que se irá liberando en la medida en que el crédito sea amortizado. Las garantías que se encuentren vigentes al momento de entrar en vigencia la normatividad que regule el Sistema Móvil de Garantías, podrán trasladarse al Sistema Móvil de Garantías, para que sustituya las garantías hipotecarias, por la certificación que expida FINAGRO. El Sistema Móvil de Garantías estará soportado en un Sistema de Información de Crédito Agropecuario y Garantías, que incluya la historia crediticia de los solicitantes, su experiencia, conocimiento y permanencia en su actividad, así como sus garantías reales, activos y pasivos. El Sistema Móvil de Garantías convertirá al crédito agropecuario en un “mercado de vendedores” compitiendo por conseguir clientes de crédito, que tendrán garantías disponibles y, sobre todo, “libertad de elegir”. Se reducirán los costos notariales y registrales a efectos de que sea un alivio efectivo para estas operaciones de crédito a los pequeños y medianos agricultores.

Ante la crisis económica y social que enfrenta el país con ocasión de la pandemia del coronavirus, es fundamental el apoyo de iniciativas que busquen dar alternativas y soluciones en busca de la reactivación económica, prevenir la insolvencia económica de las empresas a causa del COVID-19. Así las cosas, propuestas como el aumento del consumo de bienes que estén hechos en gran parte con materia prima nacional, a través de la toma de conciencia y apoyo del consumidor a la industria colombiana, mitigará el impacto en la caída de las ventas del empresario nacional e incentivará el consumo de productos hechos en Colombia. Esta iniciativa tiene antecedentes en España, que durante la crisis de 2013 implementó una campaña que apeló a la solidaridad y apoyo a los productos nacionales, con el objetivo de promocionar el consumo de bienes españoles a través de la televisión, redes y medios masivos de comunicación. Por ello una vez probada y habiendo dado resultados positivos, se trata de una alternativa que permitirá aliviar el impacto económico que enfrenta el país debido al COVID-19. Más que un sello “Hecho en Colombia”, es un compromiso y respaldo hacia los micro, pequeños y medianos empresarios manufactureros, industriales y productores, que sostienen la economía y aseguran los ingresos y empleo de muchas familias colombianas.

La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 27 de la Ley 715 de 2001, el cual fue modificado por el artículo 1 de la Ley 1294 de 2009, garantizando la cobertura y calidad del servicio educativo en el país. Esta iniciativa pretende ampliar el marco de competencia de las entidades territoriales, permitiéndoles contratar con establecimientos no oficiales cuando exista un déficit de calidad en las instituciones del Sistema Educativo Oficial.