La fábula de las farc

Marilú Ramírez Baquero, alias ‘Mata Hari’, ingresó a las farc en 1997 y duró casi diez años infiltrada en el Ejército Nacional. Hizo todo para irrumpir en el corazón de esa institución. Su misión era conocer las debilidades del enemigo, para destruirlo desde adentro.

El 19 de octubre de 2006 Colombia se vistió de luto. Ocurrió uno de los atentados más graves en la historia del país, cometido por la guerrilla de las farc: La Escuela Superior de Guerra en Bogotá, fue objeto de un ataque con carro bomba que dejó un saldo de 14 militares heridos y secuelas irreversibles en jóvenes que, en estado de indefensión, fueron blanco de la crueldad que arrojan los actos terroristas.

Durante la planeación, ‘Mata Hari’ fue pieza clave: se matriculó como estudiante para recolectar información confidencial, poder movilizarse libremente por las instalaciones de la Escuela y finalmente, entregar la información a la Red Urbana Antonio Nariño de las farc, para que pudieran ejecutar el atentado.

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A pesar de la crudeza de dicha acción violenta, ésta semana la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, Tribunal derivado de los Acuerdos de Paz de La Habana, consideró que éstos hechos estaban enmarcados dentro del Derecho Internacional Humanitario y por ende, su consecuencia obvia era otorgar la amnistía y la libertad inmediata a  ‘Mata Hari’; además de ordenar el retiro de la calidad de víctima a los militares heridos, la mayoría con lesiones de carácter permanente.

El rechazo nacional a ésta actuación de la JEP no se hizo esperar. Voces desde distintos sectores se alzaron reclamando por el respeto a la dignidad de las víctimas afectadas y por la ausencia de rigor en la interpretación de las acciones perpetradas por las farc.

Ya lo habíamos advertido: un Tribunal cuya conformación se origina en una selección realizada por personajes de doctrina socialista como Álvaro Gil Robles, afín a la organización terrorista ETA en España; Diego García Sayán, quién concedió beneficios a miembros de Sendero Luminoso en Perú -hoy investigado por  recibir  patrocinio millonario de Odebrecht-; o Juan Méndez,  cercano a los Montoneros, no puede producir nada distinto a una selección parcializada de sus jueces.

Por ello, cuando la JEP priorizó los siete casos iniciales para investigar, juzgar y sancionar, utilizó en el primero de ellos el concepto de “retención ilegal de personas” en lugar de “secuestro”; tal y como está tipificado en el DIH.

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La excusa esgrimida por la JEP es que así venía denominado el conjunto de procesos por secuestro desde la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, la «retención» no es una conducta tipificada en ningún código penal del mundo. En cambio, el secuestro sistemático, generalizado y masivo propinado por las farc, es sin duda un crimen de lesa humanidad, pues fueron actos degradantes que afectaron a más de 70 mil colombianos. Por eso, pareciera que en primera instancia se le estuviese garantizando impunidad a los responsables.

Una muestra adicional del activismo político de la JEP y su distancia en la administración de justicia, fue su gestión en beneficio de delincuentes como ‘Jesús Santrich’, narcotraficante reincidente, para que contara con todos los beneficios y pudiera ser premiado como miembro del Congreso de la República.

De esta forma, el cabecilla de las farc pasó de ser un narcotraficante solicitado en extradición, a convertirse en el primer congresista que refundó un grupo armado en Colombia.

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En este mismo sentido, el discurso revolucionario legalizado con el Acuerdo ha ido lentamente minando la veracidad de los hechos de la historia. Así, los antiguos campos de concentración que todos vimos por televisión, donde eran apiñados como gallinas en un galpón centenares de soldados, policías y civiles con cadenas en sus cuellos, ajustadas con pesados cerrojos, son descritos hoy como lugares de reclusión legal de «rehenes» donde se les brindaba un buen trato.

Nuevamente, en un ciclo más de la historia universal de la infamia, aparece la «nueva historia de Colombia», de la pluma de las farc. Y como no ha existido aún un Tribunal que juzgue las atrocidades y crímenes del comunismo, cualquier remedo de justicia con tribunales como la JEP, a la medida del grupo guerrillero, se constituyen en mecanismos idóneos para legitimar la atrocidad, invertir la realidad y dejar a cientos de miles, de millones, sin mínimos de justicia. Y menos de verdad. Por lo menos así lo tienen garantizado las farc.

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