El departamento del Cauca ha sido una de las regiones que más ha sufrido los rigores del conflicto armado en Colombia. Sus habitantes aún padecen una espiral de violencia que no se detiene.
El asesinato de la joven candidata liberal Karina García, junto con su madre y sus colaboradores, de forma brutal y salvaje -similar en barbarie a la muerte de los periodistas ecuatorianos indefensos a manos de Alias “Guacho”-, nos permite ver lo desafiantes que son hoy los grupos ilegales.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno por brindar protección a las comunidades que solicitan en estos momentos mayor presencia de la Fuerza Pública, se ha vuelto casi imposible garantizar la seguridad en la zona.
La razón es muy sencilla: hay una gran dosis de responsabilidad de quienes han cercado el territorio, para oponerse a que la Nación opere como es debido y que el Estado de derecho se limite a otorgarles todo tipo de prebendas, sin ninguna reciprocidad, por su condición de indígenas.
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Atentan contra policías y soldados, haciendo asonadas con armas hechizas y explosivos; protegen delincuentes que tienen órdenes de captura por parte de la Fiscalía; condenan y torturan a miembros de su misma comunidad y desplazan de manera violenta a habitantes de su propio territorio.
Este ha sido el actuar de la Guardia Indígena, en el marco de la estrategia de reivindicaciones liderada por el Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC-, cuyos antecedentes se desprenden desde los años 70 con el Censo Regional Indígena, que derivó luego en el Concejo Regional Indígena; cooptado por el M-19.
Es importante recordar que el CRIC surgió por la participación de agentes externos, no indios, determinantes para diseñar el modelo ideológico que motivó tres ejes centrales en su lucha reivindicativa: la tierra, los derechos y la autonomía indígena, y el restablecimiento de cabildos y resguardos.
Desde entonces, su objetivo ha sido el atrapamiento del Estado a través de la instrumentalización de las “causas nobles”, que los hace mostrarse como defensores de los derechos de los vulnerables y excluidos.
Muestra de ello fue la creación del Movimiento Armado Quintín Lame, la primera guerrilla indígena de Latinoamérica que surgió como un grupo de autodefensa y movimiento de recuperadores de tierras, coadyuvados por el grupo Ricardo Franco, disidencia de las Farc.
Su discurso tampoco ha cambiado. El uso constante de la violencia, es escudado en una “deuda impagable” que cargamos como una cruz de generación en generación, desde la colonización. Con ese pretexto, lograron crear un Estado dentro de otro, que se rige bajo sus propias reglas, incluso para impartir justicia a su modo, lejos del respeto por los Derechos Humanos y la Constitución Nacional.
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Es así como hoy la Jurisdicción Indígena tiene en cautiverio a seis jóvenes en el Centro Penitenciario de San Isidro, condenados a 60 años sin juicio justo y sin derecho a un abogado, por haber pertenecido al Ejército Nacional y no haber aceptado hacer parte de grupos irregulares ilegales, financiados con la desviación de recursos de transferencias del Gobierno Nacional.
Además de ser castigados física y verbalmente, privados incluso de recibir atención médica, sus familiares denuncian ser objeto de extorsión por parte del Gobernador del Cabildo Pioya, a quien señalan de exigir 75 millones de pesos para devolverles su libertad.
Pero no siendo esto suficiente, la denominada “autonomía indígena” ha ido mucho más allá y se ha centrado en una lucha incesante por el territorio, empobreciendo a todo un departamento otrora una de las mayores despensas agrícolas del país.
Hoy la dirigencia del CRIC usa los privilegios constitucionales de su etnia para tiranizar a su propio pueblo y a quienes deben convivir con ellos. Cuentan con 800 mil hectáreas de tierra, algunas adquiridas bajo presión y violencia en contra de pequeños campesinos y propietarios a quienes despojan sin piedad.
Las presuntas alianzas de algunos de sus miembros con grupos ilegales y carteles del narcotráfico, hoy les están pasando factura. Por ello reclaman –ahora sí-, la presencia de la Fuerza Pública que tanto despreciaron.
El primer paso será derrumbar la violencia anarquista del CRIC y su Guardia Indígena, que los alejó de los parámetros comunes de autoridad; levantar una “carpa blanca” en medio de la guerra, como lo propuso el Defensor del Pueblo, caucano y bien intencionado, que considera ésta una oportunidad inaplazable para recomponer los lazos de una sociedad destrozada por la violencia revolucionaria y que hoy se ve, de cara con la muerte, al tener que enfrentar una amenaza como el Cartel de Sinaloa que no dudará en reclamar sus dominios por encima del mismo Estado colombiano.