Los amigos de la guerra

‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’, ‘El Paisa’ y ‘Romaña’, anunciaron esta semana su regreso a las armas bajo el argumento de un supuesto incumplimiento del Gobierno frente a la implementación del Acuerdo de Paz, tras sólo un año de haberse iniciado la Presidencia de Iván Duque.

A muy pocos los tomó por sorpresa. Esta es una escena ya vivida por Colombia desde los años sesenta en Marquetalia -cuna de ese grupo guerrillero- cuando Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, se alzaron en armas y fundaron el grupo “Bloque Guerrillero del Sur”.

La táctica es exactamente la misma. Y a pesar de ser el conflicto armado una etapa que se suponía superada tras la firma del Acuerdo, era casi imposible esperar que no volvieran a los ciclos de violencia donde se instrumentaliza un territorio y su población; generando crisis humanitarias de grandes proporciones para presionar al Estado, al cual le endilgan la responsabilidad de los desplazamientos y el derramamiento de sangre.

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Ese es el mito fundacional de las Farc, que se enmarca en una revolución amañada para cumplir la agenda comunista expandida en el mundo, que ha cobrado la vida de millones de personas porque su esencia colectivista genera muerte.

El debilitamiento de las instituciones y la subversión de la sociedad avanzaron de manera horrorosa en los últimos años y consolidaron el objetivo de las Farc, al consignarse la impunidad absoluta para los narcoguerrilleros.

Tal ha sido el atrapamiento del Estado, que la escala de valores que solía regir nuestra sociedad se invirtió y lo que antes parecía inimaginable, hoy es normalizado.

Lo advertimos hace menos de tres meses: “A partir de la desnaturalización de las normas, las instituciones que surgieron para ser faros de la ética y la moral se debilitaron en manos de quienes deshonran la justicia y le dan bofetadas a nuestra Constitución tomando decisiones ilegítimas (…) Esto es lo que está sucediendo con las Altas Cortes. El amparo otorgado a alias ‘Jesús Santrich’ es muestra de ello”.

El cabecilla de las Farc pasó de ser un narcotraficante pedido en extradición por Estados Unidos, a convertirse en el primer congresista que refundó un grupo armado en Colombia.

La responsabilidad recae sobre cada una de las Altas Cortes que hicieron parte de este golpe a nuestra soberanía. La Corte Suprema de Justicia, cediendo su jurisdicción en temas de extradición a la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- y ésta última, desconociendo el salvamento de voto de las magistradas Gloria Amparo Rodríguez y Claudia López Díaz, a la hora de ordenar la libertad del ex guerrillero; a pesar de tener nuevas pruebas para ordenar su extradición e invadiendo competencias de otras instituciones del Estado, para favorecer el delito.

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La Sala Plena del Consejo de Estado, a favor de que se conservara la investidura de ‘Santrich’ como representante a la Cámara por el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común quitándole de esa forma la competencia a la Fiscalía para investigarlo. Y de nuevo la Corte Suprema de Justicia, ordenando su libertad inmediata argumentando que lo cobijaba el fuero de congresista.

Sin duda, estamos viviendo el derrumbe moral del Estado de derecho, donde pese a que la Rama Judicial nunca funcionó adecuadamente por la ineficacia en la administración de justicia, por la corrupción y por el choque de trenes, nunca habíamos llegado a un nivel de degradación en la aplicación de la norma que generara una sensación nefasta de impotencia frente al deber ser de la autoridad del Estado y en especial, la capacidad del Ejecutivo para actuar porque lograron ‘atrapar’ todas las instancias, desde el Congreso hasta la Corte Constitucional.

Todo esto obedece a la estrategia de inversión revolucionaria que nos ha llevado al caos que subvierte el orden de las cosas. Como el discurso de Iván Márquez, que a pesar de habérseles otorgado absolutamente todos los beneficios posibles y prioridad social por encima de 12 millones de pobres que tiene nuestro país, reclama acciones que solo están en su imaginario.

En Colombia no podemos permitir más excusas para crímenes románticos. Es momento de apelar a la conciencia moral, exigir responsabilidad política a quienes firmaron el Acuerdo y empezar a enderezar el camino, así parezca tarde.

Es la última oportunidad que tenemos de blindar nuestra libertad.

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