Acabar con el olvido¹

Pese a que el secuestro es considerado un crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma, resulta incomprensible cómo la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que priorizó siete casos para investigar, juzgar y sancionar,  utilizara en el primero de ellos el concepto de “retención ilegal de personas” en lugar de “toma de rehenes”; tal y como está tipificado en el DIH.

Este hecho, que pasó desapercibido ante la opinión pública, le quitó la categoría de “lesa humanidad” a un acto degradante que afectó a más de treinta y nueve mil personas, para disfrazarlo como un delito común y así garantizarle impunidad a los responsables.

La JEP soslaya que la historia de la violencia en Colombia haya estado marcada por ese acto sistemático y perverso en contra de la dignidad humana.

Muchas de las víctimas jamás regresaron porque murieron en cautiverio, con cadenas en las manos, en los pies y en el cuello, amarradas a un árbol, tras varios años de agonía a la espera de ser liberadas. Otras fueron asesinadas con tiros de gracia y sus cuerpos abandonados en cualquier lugar de esta patria.

Este flagelo no solo afectó a las familias de los secuestrados, sino que condenó al empobrecimiento a regiones enteras, al ver desaparecer los motores del desarrollo del campo.

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Y aunque se supone que todas las víctimas tienen los mismos derechos, un sector de la población vio cómo su propia historia y su verdad se sumergían lentamente en el olvido, mientras se comenzaba a reescribir su tragedia bajo un enfoque perverso a través de una narrativa que los condenaba, a pesar de haber sido secuestrados, desaparecidos o asesinados.

Fue así como hace diez años surgió la iniciativa de recoger la memoria histórica de las víctimas ganaderas; utilizando como fuente de información directa los testimonios de la misma víctima sobreviviente o de sus familiares a través de los vacunadores de Fedegan.

En muchas ocasiones, la recolección de datos se hizo con los comités ganaderos, que tenían el registro de las acciones violentas en el entorno de su actividad.

Municipio por municipio, se recogió la fecha y lugar de los hechos, el nombre de la víctima, el resumen de lo ocurrido, la tipificación del delito según el derecho penal interno, las violaciones a la Convención Americana o las graves infracciones al DIH.

Más de 10.000 casos fueron recaudados en dos tomos durante cuatro años. Información que fue entregada en su momento a la fiscalía de Justicia y Paz y al Centro Nacional de Memoria Histórica.

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La motivación principal de esta investigación se debió a la necesidad de volver a reconocer a estas víctimas de la violencia rural, rotulados de manera infame como paramilitares.

Si bien es cierto que en algunos casos la amenaza permanente contra la supervivencia hizo que algunos ganaderos pagaran a grupos ilegales organizados para proteger sus medios de producción, también es inocultable que los hechos sucedieron como efecto de la violencia guerrillera.

El país llegó a conocer el número de 3.000 secuestros al año, hasta la llegada a la Presidencia de Álvaro Uribe que logró una disminución dramática gracias a la política de seguridad democrática.

La JEP le dio la espalda a la verdad y una bofetada a las víctimas y sus familias, revictimizándolas al minimizar su padecimiento de tener que soportar este flagelo.

Es nuestro deber ejercer una reivindicación en honor a los miles de colombianos secuestrados y asesinados, y detener por las vías legales ésta burla.

Reconstruir la historia apegada a la verdad de las víctimas y no a las mentiras de los victimarios, nos asegura que no haya ni repetición, ni olvido.

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¹Libro de la Fundación ‘Colombia Ganadera’, en memoria de sus víctimas.

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