Lección no aprendida

Esta semana la Fiscalía General de la Nación presentó un recuento de la estrategia criminal para infiltrar centros universitarios públicos del país; mediante la capacitación técnica para elaborar artefactos explosivos y promover acciones terroristas en distintas regiones del país.

En la denuncia, presentada ante el Ministerio de Educación, se pone en evidencia una plataforma criminal desde las universidades, que habrían diseñado las disidencias de las Farc -en cabeza de alias Gentil Duarte e Iván Mordisco- con el propósito de afectar la seguridad ciudadana, incentivando protestas sociales violentas que comprometen a la población estudiantil.

Desmanes, enfrentamientos con la fuerza pública, saqueos, daños al bien público y civiles heridos por la manipulación de artefactos explosivos, nos dan cuenta de la magnitud del terrorismo incipiente que está tomándose estos escenarios, bajo el nombre de JM-19.

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Y aunque uno de sus presuntos líderes en Popayán, Andrés De La Cruz Cerón, investigado por enfrentamientos con la fuerza pública durante protestas en la Universidad del Cauca, fuera capturado en últimas horas, la efectividad de las autoridades no es suficiente para frenar este fenómeno.

“Su espada pasa a nuestras manos. A las manos del pueblo en armas. Y apunta ahora contra los explotadores del pueblo” decía, hace más de 30 años, el comunicado emitido por el entonces M-19 en el que se atribuía el robo de la espada de Simón Bolívar; sellando con este símbolo, el nacimiento del grupo subversivo que en poco tiempo demostraría su capacidad delictiva mediante secuestros adornados como “cárceles del pueblo”, robo de armas a la fuerza pública y asesinatos sin piedad.

La organización, que fingió nacer en las universidades de Colombia como consecuencia del robo a las elecciones del 19 de abril al General Rojas Pinilla, combinó la violencia con las ideas políticas y marcó el inicio de una era que el país aún no olvida.

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La toma del Palacio de Justicia, el acto más horroroso ejecutado por ese grupo violento disfrazado de romanticismo revolucionario, logró luego invertir los hechos y achacarle la responsabilidad al ejército de Colombia.

La verdad aún busca atajos para manifestarse, pues los “desaparecidos” que inventaron fueron apareciendo 25 años después, en las mismas cajas donde se acopiaron sus cadáveres calcinados que reflejan la memoria de la barbarie.

Cualquiera pensaría que este “gran error”, como lo califican algunos de sus antiguos líderes, era ya una lección aprendida para las generaciones siguientes y se esperaría que grupos como el M-19 jamás volvieran a surgir, pues se les dio las gabelas a través de una Constitución política complaciente y garantista que nació después de su disolución. Pero la realidad de la imbecilidad humana demuestra que las nuevas formas de lucha no se dan en el marco de la legalidad.

Y cuando se suponía que los claustros educativos podían propiciar el espacio para el debate de ideas de cambio y construcción de sociedades prósperas, regresa el modelo de anarquía, dolor y muerte.

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Las alarmas sobre la conformación de nuevos grupos subversivos están encendidas y se pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de establecer líneas claras entre la libertad de expresión al interior de las aulas de clase y el adoctrinamiento promovido en las mismas, bajo el disfraz del estudio de las ideas políticas.

La historia del M-19 está siendo hábil y estratégicamente reciclada. Vaya a saber si por los que hoy promueven candidaturas que invocan la verdad y la paz, a pesar de jamás haberle dicho a la sociedad victimizada que su origen fue una orden de Jacobo Arenas, cuando manifestó la necesidad de las Farc de “urbanizar la guerra”. Esa verdad que no se cuenta, pero que reposa en la biografía de Jaime Bateman, escrita y publicada hace más de 20 años.

El M-19 nació por una orden de las Farc. Y hoy, el ciclo parece repetirse.

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