La JEP y la CICIG: Dos tribunales del horror

Más allá de rendir un informe sobre los avances que dice tener y publicitar su trabajo en la implementación de los Acuerdos de Paz -que no ha dado resultados significativos en la reparación de las víctimas de las FARC-, la Jurisdicción Especial para la Paz busca hacerse proteger de los organismos internacionales para blindar su objetivo de otorgar impunidad al grupo terrorista y condenar a la fuerza pública.

No puede pasarse por alto que sus representantes vulneraron la soberanía del Estado colombiano, al dirigirse de manera arbitraria a la Comisión interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, convirtiéndose en una rueda suelta que suplanta la vocería ante la comunidad internacional, a nombre del Gobierno Nacional.

“En su calidad de institución que se encuentra integrada a la arquitectura del Estado colombiano por disposición constitucional, la JEP no puede ser considerada como ‘parte’ en procedimiento alguno que se surta ante la CIDH (…). Le corresponde, únicamente, al Presidente de la República el direccionamiento de las relaciones internacionales. Esto incluye la representación e interlocución del Estado ante los organismos internacionales…” explicó el canciller Carlos Holmes Trujillo, recordando que la JEP no puede representar al país ante la Comisión.

El actuar de la JEP es muy similar al tribunal ingeniado en Guatemala, país hoy anarquizado y sin soberanía judicial donde no existen garantías de un debido proceso. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- es un organismo establecido por un Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala en el 2007, creado por la solicitud de asistencia que hizo el Gobierno de ese país, con el objetivo de “apoyar y fortalecer a las instituciones del Estado encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad o grupos criminales que han infiltrado las instituciones estatales fomentando la impunidad y socavando los logros democráticos alcanzados en Guatemala desde el final del conflicto armado interno, en la década de 1990”.

Para Guatemala resultó ser peor el remedio que la enfermedad. Esta “supracorte”, apoyada por la ONU y la Embajada Americana, en un principio dio golpes certeros pero terminó convirtiéndose en un “monstruo” donde cualquiera es culpable, especialmente los empresarios.

Al igual que la JEP, a la CICIG se le otorgó la facultad de investigar graves crímenes que afectan los derechos humanos y la presidieron varios personajes, entre ellos Iván Velázquez, quien polarizó a la opinión pública entre quienes defendían su papel al interior de esa Comisión y quienes lo califican como un perseguidor y violador de derechos.

Entre los señalamientos que se le han hecho públicamente a la CICIG, figuran persecuciones y encarcelamientos de manera ilegal e injusta a varios denunciados, en total violación a los derechos constitucionales de libertad, inocencia y debido proceso. Personas que terminaron perdiendo sus bienes y vieron afectadas su honra y la de sus familias. Todo esto, con el aval de la comunidad internacional.

El caso de Guatemala podría repetirse en Colombia si no se le ponen límites a la JEP, que en lugar de aplicar justicia, se ha dedicado a gestionar opciones para que delincuentes como ‘Jesús Santrich’, pedido en extradición por Estados Unidos, cuenten con todos los beneficios que otorga la impunidad absoluta.

Seguramente la magistrada Patricia Linares, presidente de la JEP, no tuvo el rigor de contar a la comunidad internacional por qué alias ‘Iván Márquez’ y ‘El Paisa’ no han comparecido aún en claro desconocimiento de esta jurisdicción; ni por qué sus actuaciones vienen cuestionadas desde que su anterior Secretaria Privada, junto con dos funcionarios provenientes de ONGs afines a las FARC, daba permisos a los terroristas para viajar al exterior. O, cómo uno de sus fiscales recibió dinero para torpedear la extradición de alias ‘Santrich’.

Los ciudadanos debemos estar alertas y preparados para ponerle límites a quienes construyeron un andamio con cadenas y lo vendieron en nombre de la paz. Ya estamos avisados.

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