Bogotá, abril 28 de 2019
Se supone que las leyes deben generar herramientas para la protección de los derechos de los más vulnerables. Sin embargo, se han creado instrumentos que terminaron siendo depredadores de la dignidad humana.
Muestra de ello es el caso de Aminta Mora Pabón y Víctor Manuel Prieto Barrera, de Rionegro, Santander, un comprador de buena fe de la finca ‘Las Flores’ en la vereda Venecia, adulto mayor que se encuentra hoy sumido en una depresión severa porque sus 14 hectáreas fueron “restituidas” por un presunto falso reclamante, Joaquín Sánchez Díaz, hoy denunciado ante la Fiscalía por los punibles de fraude procesal, falso testimonio, falso reclamante de tierras y falsa víctima.
Conocí la denuncia en la que se describe que “el INCORA autorizó la venta y compra del predio ‘Las Flores’, de la vereda Venecia (…) el denunciado, Joaquín Sánchez Díaz, pretende apoderase de las mencionadas tierras después de venderlas legalmente a la señora Aminta Mora Pabón y al señor Víctor Manuel Prieto Barrera, con argucias y testimonios falsos convirtiéndose en falso reclamante de tierras y falsa víctima”.
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Se advierte en el documento que el señor Sánchez Díaz “manifestó que a su hermano, Cesar Sánchez Díaz, lo asesinaron por ser líder comunal y dicha versión es falsa, porque fue muerto por ser cuatrero y pertenecer a la guerrilla (…) los problemas que tenían, tanto el Señor Joaquín Sánchez Díaz como su hermano, se debían a los continuos hurtos de ganado y ser colaboradores de este grupo armado, convirtiéndose en falso testimonio”.
La denuncia agrega que “el falso reclamante de tierras y falsa víctima, pretende apoderarse del predio ‘Las Flores’ después de haber vendido voluntariamente por el precio comercial de la época, sin ningún tipo de presión y sin demostrar que fuera desplazado, que abandonó el predio, ni mucho menos que fuera despojado”.
Las verdaderas víctimas de esta dolorosa historia, que se repite por miles como consecuencia de la instrumentalización indebida de la Ley 1448 de víctimas y restitución de tierras, son Aminta Mora Pabón y Víctor Manuel Prieto Barrera, quienes están en la indigencia por cuenta de los yerros jurídicos de una norma que nació como una “causa justa”. Perdieron los ahorros de toda una vida y el sustento de su familia, campesinos que se dedicaban a labrar la tierra.
Triste ver cómo con la excusa de la restauración del tejido social del campo a través de la justicia transicional, se exalta a quien podría ser su victimario y quien probablemente consiguió que se le otorgaran cualquier cantidad de beneficios a través del fraude. No ha habido una investigación de fondo y no hubo una verificación de la versión entregada por el reclamante, como lo dicta la norma.
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En Colombia llevan seis años destruyendo vidas de gente buena que sobrevivió a la violencia armada, utilizando testimonios falsos. Se ha dicho que hay más de 200 mil falsas víctimas registradas en la Unidad de Víctimas. Y en el marco del proceso de restitución de tierras, todo se desconoce con la sola palabra de una persona.
En la Ley 1448 de 2011 no hay inmediación de la prueba para dictar sentencia, sometiendo el proceso a una única instancia dando por descontado la obligación de protección de los más vulnerables.
Es el momento de invocar el principio de la acción sin daño y lograr que no exista una sola ley en Colombia que afecte a quienes nada tienen que ver con acciones violentas y son ciudadanos de bien, cuyo único medio de subsistencia -su parcela- les es reclamado porque no se les cree, a pesar de la evidencia.
Difícilmente vamos a poder corregir los daños causados por este adefesio. El caso de Aminta y Víctor Manuel es uno más de todas las acciones depredadoras en contra de la verdad.