La senadora María Fernanda Cabal emprendió medidas legales contra el Departamento Administrativo de la Presidencia por la transmisión pública de los Consejos de Ministros, en violación de la Ley 63 de 1923. Cabal solicita que se ordene cesar estas emisiones y se prevenga al presidente Gustavo Petro de reincidir en esta práctica ilegal..
Bogotá, 4 de marzo de 2025- La senadora María Fernanda Cabal radicó una acción de cumplimiento contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) por la violación de la Ley 63 de 1923, que establece de manera clara y absoluta la reserva de las sesiones del Consejo de Ministros.
“La norma es taxativa: las deliberaciones del Consejo de Ministros deben ser absolutamente reservadas. Aquí ni Petro ni sus funcionarios están por encima de la Constitución y la Ley”, enfatizó la senadora.
Cabal denunció que el presidente Gustavo Petro ha utilizado estas reuniones como escenario para sus alocuciones interminables, en un intento por imponer su narrativa sin considerar los límites legales. “Esto no es una dictadura. Petro no puede hacer lo que le viene en gana con el país, manipulando la institucionalidad con transmisiones en directo que vulneran normas fundamentales de la democracia”, añadió.
En el escrito de la medida legal, Cabal expresa que “La reserva de los Consejos de Ministros no es un simple formalismo, sino un mecanismo de protección institucional que impide que información estratégica sea utilizada de manera indebida por actores externos o que pueda comprometer la gobernabilidad del país”.
Cabal solicita que se ordene cesar la transmisión y difusión de los Consejos de Ministros y de los Directores de Departamento en cualquier medio de comunicación o red social, en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 63 de 1923. Asimismo, pide que se prevenga al presidente Gustavo Petro y a la Secretaría General de los Consejos de Ministros de incurrir nuevamente en actos que vulneren el cumplimiento de esta norma.
La acción de cumplimiento busca que la Justicia obligue a la Presidencia a respetar la reserva establecida en la ley y evitar que información sensible sea utilizada de manera indebida, protegiendo así la estabilidad institucional del país.
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