El Acuerdo de Paz con las Farc es hoy objeto de estudio como «caso exitoso» de resolución de conflictos y como un modelo a seguir para países bajo escenarios similares. Así está vendido ante el mundo. Sin embargo, la realidad es otra.
Tras la implementación, quedó claro que ésta fue una negociación fallida en la que perdió una Nación entera. Las víctimas de las Farc, maltratadas y desechadas, ni siquiera han tenido la oportunidad de un escenario de verdad, ni de justicia y mucho menos, de reparación. En cambio, las garantías de impunidad total para sus victimarios han sido todas.
El pueblo colombiano en su sabiduría, tuvo la certeza de que esto sucedería. Por eso votó “NO” en el plebiscito. A partir de ahí, la traición a la democracia nos mostró cómo el Estado quedó atrapado en un plan para la consolidación de la agenda política del grupo guerrillero; que jugó a “la paz” mientras se rearmaba y fortalecía sus estructuras para el tráfico de drogas.
En este sentido fueron confeccionando su estrategia, creando una Comisión de la Verdad excluyendo de su composición a las organizaciones de víctimas de las Farc, para mantener el control de la información y establecer su propia verdad, mediante la cual reescriben la historia de Colombia.
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De ahí la rabia con el director del Centro de Memoria Histórica, Darío Acevedo, a quien ven como un enemigo porque les cerró el acceso al presupuesto y la burocracia en una entidad atrapada por la telaraña socialista.
Adicionalmente, crearon un Tribunal de Paz con jueces escogidos a dedo, que pasaron por el rasero de la aquiescencia del grupo revolucionario para blindar su impunidad.
También obligaron al Estado a comprometer el presupuesto para financiar su reincorporación, sin entregar nada a cambio. Han guardado un silencio descarado frente a las rutas del narcotráfico, los laboratorios de drogas y por si fuera poco, tampoco entregaron los bienes que adquirieron negociando con carteles y mafias de distintos países.
Ahora, lejos de un real interés por darle voz a quienes por más de seis décadas debieron callar intimidadas por los fusiles, la agenda apunta a la consecución de la misión estratégica revolucionaria: 16 curules para las Farc, pero disfrazadas como si fueran para sus víctimas.
Hasta ahora pareciera que la Corte Constitucional piensa desconocer el mandato del legislativo, haciendo una clara manipulación del quórum.
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Qué peligro para la democracia colombiana que un precedente de este tipo se establezca; pues siguiendo esa misma línea, cualquier resultado de votación en el Congreso de la República sería irrelevante.
De esta forma, el Alto Tribunal no estaría cumpliendo su función de velar por defender la Constitución, sino que estaría jugando a intervenirla a su antojo favoreciendo agendas políticas.
Debemos proteger la voluntad popular y en especial, el ámbito jurídico de la inevitable incertidumbre que traería dicha decisión. Ya lo sabemos, esas 16 curules no son para las víctimas, pues incluso ellas mismas han manifestado abiertamente su inconformidad al no tratarse de una verdadera representación suya en el Congreso.
¡No más chantajes! Salvemos nuestra democracia, que mañana ya será tarde.