Por: María Fernanda Cabal
Petro no es un demócrata. Nunca lo ha sido. Por eso, ante la investigación que realiza el CNE por el financiamiento irregular de su campaña electoral, reacciona amenazando con desatar la violencia.
Pero no conforme con convocar una insurrección generalizada, Petro recurre a sus aliados internacionales para que lo apoyen. Y en menos de 24 horas, estos han respondido a su llamado.
El Grupo de Puebla, que la semana pasada avaló los estupros y abusos sexuales de Evo Morales, salió a decir que la investigación contra Petro es un golpe de Estado. Por su parte, la dictadura cubana, que durante décadas apoyó la lucha armada en Colombia, declaró que las oligarquias querían torcer la voluntad popular.
Claudia Sheinbaum, presidente de México e integrante del Grupo de Puebla, intervino indebidamente en los asuntos internos de Colombia para decir que la investigación contra Petro era contraria a las leyes.
Pero el colmo de los colmos es que el capo narcotraficante venezolano, Diosdado Cabello, jefe de las fuerzas represoras de Maduro, también se haya pronunciado para defender a Petro. Es una prueba de que Petro es cómplice de Maduro y por eso se niega a reconocer el triunfo de Edmundo González Urrutia en las pasadas elecciones del 28 de julio.
El objetivo de Petro es claro: incendiar a nuestro país por los cuatro costados; destruir a Colombia si es necesario, antes que entregar el poder. Sus amigos en el exterior convalidan sus planes, porque ellos también son criminales.
Frente a tales amenazas, la sociedad y las instituciones democráticas colombianas deben mantenerse firmes. Si Petro violó los topes de financiación de su campaña, como todo parece indicar, debe ser destituido, como lo ordena nuestra Constitución.