Resumen
El presente trabajo analiza el alto gasto en arrendamiento del Ministerio de la Igualdad en Colombia, creado bajo el gobierno de Gustavo Petro y dirigido por Francia Márquez. A pesar de haber sido declarado inconstitucional mediante Sentencia C-161 de 2024, este ministerio continúa operando, evidenciando una ejecución presupuestal del 1,37% de los $1,8 billones asignados en 2024. Además, se revela un gasto anual en arriendos superior a $3.300 millones. El estudio aborda las implicaciones políticas, económicas y sociales de este caso, enmarcándolo como un ejemplo de ineficiencia en el uso de los recursos públicos.
Palabras clave
- Ministerio de la Igualdad
- Ejecución presupuestal
- Burocracia
- Arriendos
- Gasto público.
Introducción
La creación del Ministerio de la Igualdad en Colombia actualmente evidencia una falta de ejecución lo que indica una baja operatividad a pesar de su alto uso de recursos públicos. Aunque su creación es reciente, la Corte Constitucional declaró inconstitucional a esta entidad, lo que ha generado controversias sobre su continuidad y la validez de sus acciones. En este contexto, la senadora María Fernanda Cabal ha hecho públicas preocupaciones sobre los elevados costos operativos del Ministerio y su deficiente ejecución presupuestal, lo que ha levantado un debate acerca de su eficiencia y su impacto en la gestión pública. Este artículo tiene como objetivo examinar, desde una perspectiva crítica, las implicaciones de la continuidad de un ministerio declarado inconstitucional y la preocupante baja ejecución de su presupuesto. El análisis permitirá
entender los efectos que este tipo de prácticas tienen en la percepción pública de la eficiencia gubernamental y el manejo de los recursos del Estado.
Desarrollo
El Ministerio de la Igualdad fue una de las iniciativas más destacadas del gobierno de Gustavo Petro, orientado a combatir la desigualdad social en Colombia. Encabezado por la vicepresidenta y actualmente Ministra de la Igualdad Francia Márquez, este ministerio fue propuesto como una herramienta para implementar políticas de inclusión social y equidad, especialmente en las comunidades históricamente más vulnerables. No obstante, su desarrollo se ha visto opacado por la falta de claridad en sus objetivos y la percepción de que es una entidad innecesariamente burocrática.
La Corte Constitucional, tras analizar una demanda de constitucionalidad presentada en contra de la Ley 2281 de 2023 que creó el Ministerio, lo declaró inconstitucional, debido a deficiencias en su procedimiento respecto al análisis de impacto fiscal para salvaguardar la estabilidad macroeconómica, ordenar las fianzas publicas, fortalecer la transparencia y control ciudadano y garantizar la aplicación efectiva de las leyes, lo que debería haber implicado su desmonte o reestructuración. Sin embargo, la entidad ha seguido operando porque el fallo de la Corte Constitucional tiene efecto diferido hasta que culmine la legislatura 2025-2025, lo que ha generado cuestionamientos sobre la responsabilidad del gobierno en este tema.
Una de las voces más críticas hacia el Ministerio ha sido la de la senadora María Fernanda Cabal. En su investigación publicada en la red social “X” (antes twitter), Cabal expone dos problemáticas principales: la ineficiente ejecución presupuestal y los elevados costos de arriendo para las oficinas del ministerio.
Para el 2024, El Ministerio de la Igualdad tiene una apropiación vigente de $1,8 billones, no obstante solo el 1,37% ha sido ejecutado.
Este bajo porcentaje de ejecución presupuestal es preocupante, no solo por la magnitud de los recursos asignados, sino porque es la cifra más baja registrada para un ministerio. Por otro lado, se destaca la firma de contratos de arrendamiento que suman más de $3.300 millones de pesos anuales, algo que, refleja un uso ineficiente de los recursos del Estado, ya que los resultados de la gestión del ministerio son prácticamente inexistentes, agravando mas aún la situación de que una entidad cuya función debería estar orientada a la igualdad social, esté involucrada en prácticas de despilfarro burocrático pues es el único ministerio que dentro de su planta de personal tiene 5 viceministerios.
Conclusión El caso del Ministerio de la Igualdad en Colombia es un claro ejemplo de cómo la creación de entidades gubernamentales sin una planificación adecuada y un control efectivo puede derivar en ineficiencia y despilfarro de recursos
públicos. Su baja ejecución presupuestal y los elevados costos en arriendos pues se está pagando un total de $3.369.483.672, es decir $280.790.306 mensuales en arrendamiento de oficinas para el Ministerio de la Igualdad, entidad que, con más de 1 billón de pesos asignados en presupuesto, refuerza la percepción de que esta entidad se ha convertido en un símbolo de ineficacia burocrática.
El análisis realizado destaca la importancia de una gestión pública responsable y eficiente, especialmente en tiempos de crisis social y económica, donde los recursos del Estado deben ser optimizados.
