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Resumen
En el contexto de la gestión de los recursos del Fondo Colombia en Paz (en adelante FONDOPAZ) durante el gobierno de Gustavo Petro, se han identificado importantes cuestionamientos sobre la eficiencia y transparencia en el uso de dichos recursos. Entre las irregularidades denunciadas, se destacan que pese a la asignación de fondos millonarios para tiquetes aéreos para contratistas de funcionarios del PNIS e ICBF, las metas en la erradicación de cultivos ilícitos, un aumento significativo en el reclutamiento infantil por grupos armados, es un reflejo claro de que no existen resultados claros que justifiquen dichas inversiones.
Palabras clave:
- Transparencia
- Recursos públicos
- FONDOPAZ
- Eficiencia
- PNIS
- Gestión pública
- Cultivos ilícitos
- Reclutamiento de menores
Introducción La contratación estatal es un pilar fundamental para la administración y distribución de los recursos públicos en Colombia, especialmente en contextos de posconflicto donde se requiere una ejecución eficiente de fondos orientados a la paz y el desarrollo social. No obstante, la gestión de estos recursos ha sido cuestionada, particularmente en lo referente a FONDOPAZ, encargado de administrar los recursos del posconflicto y direccionarlos a programas de sustitución de cultivos y desarrollo comunitario en territorios afectados por el conflicto. El presente análisis aborda las denuncias sobre irregularidades en el uso de estos recursos, con un enfoque en los principios de transparencia y eficiencia que deben la gestión de recursos, y los desafíos que
plantea una administración deficiente de estos fondos en términos de resultados y beneficios sociales.
Desarrollo
- Del PNIS y la Meta de erradicación de cultivos
El Fondo Colombia en Paz ha sido una herramienta clave para financiar programas dirigidos a reducir cultivos ilícitos mediante el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso – PNIS, y apoyar a comunidades en zonas vulnerables. Sin embargo, durante la administración actual, las metas de erradicación de cultivos ilícitos han disminuido significativamente, pasando de más de 100,000 hectáreas a solo 10,000. Aunque se ha reducido la meta de erradicación, FONDOPAZ ha destinado cifras elevadas para el programa de sustitución, reportando gastos en tiquetes aéreos por $1.800 millones en el presente año sin resultados verificables que justifiquen esta inversión.
El PNIS tuvo un presupuesto para funcionamiento de $750.341.000 para 2021, $292.567.000 para 2022 y $768.900.000 para 2023. En términos de tipos de gasto el apalancamiento financiero representa UN BILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES ($1.684.808.000.000) en inversión y CIENTO VEINTISIETE MIL MILLONES ($127.000.000) en funcionamiento, como se expone en la siguiente tabla:
Este patrón de gasto es alarmante, no solo porque evidencia una posible falta de planificación en la ejecución de los fondos, sino también porque desvía el objetivo primordial de la erradicación efectiva de cultivos ilícitos. Además, en términos de política pública, la contratación estatal exige la rendición de cuentas y resultados que demuestren el impacto social de cada inversión realizada, pero hasta el momento lo que se puede evidenciar es que en Este patrón de gasto es alarmante, no solo porque evidencia una posible falta de planificación en la ejecución de los fondos, sino también porque desvía el objetivo primordial de la erradicación efectiva de cultivos ilícitos. Además, en términos de política pública, la contratación estatal exige la rendición de cuentas y resultados que demuestren el impacto social de cada inversión realizada, pero hasta el momento lo que se puede evidenciar es que en Colombia la erradicación no avanza y por el contrario lo que aumenta es la siembra y producción, de acuerdo con el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en ingles), la siembra de coca ha aumentado un 10% y la producción un 53%.
Otra preocupación es el incremento en el reclutamiento de menores por parte de las estructuras armadas organizadas que cometen delitos de alto impacto (EAOCAI) y los grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML), que se ha disparado en un 800% en el país. Pese a este preocupante aumento, el Fondo ha destinado $2.355 millones para tiquetes aéreos durante un período de dos años, equivalentes a $98 millones mensuales, para las actividades que realiza el equipo de primera infancia, así como el de niñez y adolescencia ICBF en el territorio nacional donde se adelanten actividades para la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco del cumplimiento del proceso de paz, fortaleciendo las capacidades instaladas el ICBF en el territorio. Sin embargo, la inversión no se ve materializa en resultados concretos en la reducción del reclutamiento de menores. Este gasto desmedido y sin resultados visibles implica un incumplimiento de los principios de eficiencia y transparencia, especialmente en temas críticos como la protección de los derechos de la niñez.
El contrato de $9,700 millones para servicios de logística de eventos de paz, vigente hasta el 31 diciembre de 2024, plantea dudas sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Al centrarse en actividades administrativas, parece desconectado de necesidades reales de las regiones afectadas, como infraestructura social y seguridad territorial. La ausencia de resultados verificables sobre cómo estos eventos contribuyen al «logro y mantenimiento de la paz» sugiere un gasto protocolario, más que una estrategia efectiva. Este contrato cuestiona el balance entre el gasto en presentación y en intervenciones concretas, necesarias para una paz sostenible en Colombia.
- Comunidades Negras
Finalmente, la asignación de $5.000 millones para el fortalecimiento del gobierno propio de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras en las regiones del Caribe y el Pacífico plantea serias dudas sobre la gestión de estos fondos, ya que no se ha presentado información detallada sobre los beneficios obtenidos o el alcance de las acciones financiadas. No están cargados en SECOP los documentos relacionados con la Unión Temporal, lo que implica una falta de transparencia en la ejecución de estos recursos.
Conclusión
El análisis de las prácticas contractuales en el Fondo Colombia en Paz revela serias deficiencias en la gestión de los recursos públicos y pone en evidencia la falta de transparencia y eficiencia en el manejo de fondos destinados a la paz y el desarrollo. La reducción de metas de erradicación de cultivos, el aumento en el reclutamiento infantil y el gasto en programas sin resultados comprobables demuestran que, sin una supervisión adecuada, los recursos públicos pueden desviarse de sus objetivos originales, afectando a las poblaciones vulnerables y comprometiendo la confianza ciudadana en la gestión pública. Los casos expuestos anteriormente, ponen de presente la urgencia de implementar controles más rigurosos y políticas de transparencia y seguimiento para garantizar que los fondos destinados a la paz no sean derrochados.
