No todas las acciones concebidas por funcionarios del Estado como ‘buenas causas’, terminan generando un cambio positivo en la sociedad. Existen casos en los que el afán de regularlo todo, termina afectando la dignidad humana y frenando su desarrollo.
Este es precisamente el caso del Decreto 1851 de 2015 –que reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas y subroga el capítulo tercero del Decreto 1075 de 2015-, que hoy tiene a más de 40 mil niños desescolarizados en Cali.
Dicho acto administrativo, expedido por el entonces Presidente de la República Juan Manuel Santos y su Ministra de Educación Nacional de la época, Gina Parody, fue estructurado -en teoría- para garantizar la calidad en la educación de las instituciones públicas, privadas y mixtas que prestan sus servicios a niños categorizados en población de SISBEN 1,2 y 3 del país.
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A través de él, se puso en marcha una política pública que se convirtió en el inicio de una tragedia para el Distrito de Aguablanca, en la capital del Valle.
En ese año, diseñaron una evaluación por percentiles, que usualmente es aplicada para laboratorios u otro tipo de acciones no regulativas, con el fin de evitar que los colegios privados -contratados vía banco de oferentes- funcionaran con bajos niveles de calidad.
La medida fue absolutamente discriminatoria. Esta evaluación no fue aplicada a todo el sistema y por lo tanto, no fueron evaluadas las instituciones públicas, ni las privadas en atención de ciclos, entre otras.
Al aplicar esta valoración, olvidaron que la calidad educativa no se basa únicamente en las pruebas ICFES, dejando a un lado las demás capacidades y competencias de los estudiantes en áreas distintas a lenguaje y matemáticas. Como consecuencia, un total de 33 colegios privados fueron calificados con percentil bajo y quedaron por fuera del proceso de contratación con el Ministerio de Educación, para el año 2016.
Ante la imposibilidad de sostenerse sin los recursos del Estado, un total de 21 centros educativos de Aguablanca y las laderas terminaron cerrando sus puertas; dejando a 30 mil niños sin la posibilidad de permanecer en sus aulas y teniendo que ser reubicados en instituciones públicas.
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Si bien el objetivo del Decreto era aumentar la demanda en las instituciones del Gobierno, el efecto fue totalmente opuesto. Estos niños fueron matriculados en colegios de otras comunas –hasta a una hora de distancia- y en lugar de asignárseles transporte escolar, a los padres de familia les fue entregada una tarjeta de transporte masivo MIO como ayuda.
El escenario no podía ser peor. Para la época, el sistema de transporte no tenía las rutas suficientes y muchas de ellas no llegaban al lugar donde estaban ubicados estos colegios. Varios de los niños tenían que cruzar incluso fronteras invisibles para cumplir con sus clases, ser víctimas de robos y estar sometidos a entornos que en nada benefician su formación.
Los padres de familia, que antes de la aplicación del Decreto vivían orgullosos de que sus hijos tuvieran el privilegio de asistir a colegios privados en su propio barrio, se vieron obligados a escoger entre seguir exponiendo a sus niños a cualquier cantidad de peligros o definitivamente dejarlos desescolarizados.
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Hace más de un año, la cifra de niños sin educación en el Distrito aumentó a 44 mil. Los padres de familia, profesores, el personal de apoyo y demás afectados, iniciaron una lucha que ya cumplió cuatro años sin respuesta.
No están exigiendo estar exentos de regulaciones. Simplemente están pidiendo ser evaluados de manera integral. Son personas que decidieron servirle a su gente, creando instituciones queridas por la comunidad pero que el Estado les truncó el sueño de llevar verdadero progreso a sus familias; cerrando colegios que llevaban hasta 20 años de existencia.
Señora Ministra, usted tiene la oportunidad de corregir el daño causado por ese desastroso Decreto. La forma de construir paz empieza por aliviar la situación de miseria de los más desprotegidos y brindar una oportunidad a quienes carecen de ella. Y la educación, es el mejor instrumento para combatir la pobreza. ¡Es hora de actuar!