Nuevamente la prensa internacional irrumpe con acusaciones temerarias, justo un día antes del ascenso del General Nicasio Martínez, destrozando la realidad de los hechos y de paso, la dignidad de quienes durante ocho largos años fueron injustamente privados de su libertad.
El diario El País de España, sin límites éticos de ninguna índole, cumple la agenda ideológica de destrucción del honor militar del Ejército de Colombia y narra los siguientes hechos, en su artículo macabramente titulado: “El jefe del Ejército de Colombia dirigió una brigada acusada de matar a civiles”.
“El 21 de enero de 2006, dos días antes de que Martínez Espinel dejara el cargo al frente de la Décima Brigada, soldados de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal de ese destacamento asesinaron, según la acusación, a los indígenas Javier Pushaina, Luis Ángel Fince Ipuana y a Gaspar Cambar Ramírez (…). Éste caso fue admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos” señala el diario El País.
Pero la historia es muy distinta a la que cuenta el periodista Francesco Manetto en su artículo de prensa.
En una petición de retractación y rectificación que presentó uno de los señalados en el escrito, Juan Carlos Galvis Cadavid, Oficial activo del Ejército Nacional, pone al descubierto que la muerte de los tres indígenas no fue responsabilidad de los soldados de los Grupos de Acción Unificada.
Por los hechos ocurridos durante una diligencia de allanamiento practicada por la Comisión Interinstitucional -Fiscalía, Ministerio Publico, Cuerpo Técnico de Investigación, Departamento Administrativo de Seguridad, y Grupo Gaula-, en la ranchería Wasimal del municipio de Albania, La Guajira; los soldados Néstor Emilio Correa Tapias, Pedro Luis Benavidez Martínez y el Teniente del Ejército, Juan Carlos Galvis Cadavid, fueron vinculados a una investigación sin prueba alguna, acusados temerariamente y llevados a juicio por la muerte de Gaspar Cambar Ramírez, Luis Ángel Fince y Javier Pushaina Pushaina.
El 21 de agosto del año 2013, el Grupo Nacional de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, determinó puntualmente, que en la necropsia médico legal practicada a los tres cuerpos no se recuperaron proyectiles de arma de fuego, y se dejó consignado en un informe.
“No existían proyectiles de arma de fuego que permitieran inferir y correlacionar que de los fusiles asignados a los señores soldados profesionales o de algún integrante del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal, Gaula Guajira, se dispararon los proyectiles que impactaron en las humanidades de los obitados, antes referidos”, en conclusión; y aunque se realizaron pruebas balísticas a todas las armas del grupo Gaula Guajira que intervinieron en los hechos, no se pudo identificar el arma empleada para ultimar a Ramírez, Cambar y Pushaina.
Estos hechos fueron objeto de un juicio que conoció el Juzgado Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Riohacha, en el cual se demostró que el día de los hechos había un grupo de al menos cincuenta indígenas armados de forma ilegal, quienes dispararon contra las autoridades del Estado Colombiano, durante el desarrollo del allanamiento.
Una vez finalizado el juicio, el día 26 de enero del año 2017 se profirió sentencia absolutoria a favor de los tres uniformados, quedando la decisión ejecutoriada en octubre de ese mismo año; con la que se ratifica la inocencia por estos hechos de Galvis Cadavid, Correa Tapias y Benavidez Martínez.
La noticia publicada por el medio español, no solo atenta contra la verdad, sino que claramente lo hace contra el derecho al buen nombre de quienes fueron victimizados por la propaganda enemiga, sufrieron por ocho años y diez meses un cautiverio injusto disfrazado detrás de una medida de aseguramiento preventiva, dejando tres familias destrozadas y sus carreras militares truncadas.
El oficial Galvis sufrió de parálisis en su cuerpo por el nivel de depresión y estrés, condición de la cual aún no ha podido recuperarse.
Todo este viacrucis no fue suficiente para evitar que un diario extranjero tergiversara su historia y los sometiera al escarnio público, en aras de influir en las decisiones políticas internas de Colombia. Y demuestra, además, que la mentira de una prensa infame es efectiva y que estos tres hombres, a pesar de su tragedia, seguramente jamás recibirán una retractación o una nota de disculpas del editor.
Al fin y al cabo, para la progresía, sólo son unos detestables militares.