La responsabilidad de los medios informativos radica en suministrar información veraz. Cuando deja de hacerlo, pierde credibilidad y desaparece la confianza de la opinión pública. Así de claro.
Esto ocurre precisamente porque hay quienes convierten su oficio periodístico en herramienta para la ejecución de agendas político-ideológicas. Y es aquí donde entra a jugar un papel clave la opinión del periodista, que bajo el disfraz de “información”, pone en jaque, incluso, la seguridad de una nación y su soberanía.
Esta es la práctica sistemática adoptada por la agenda socialista, que ha favorecido la desestabilización de países que, en su camino hacia la construcción de paz, encontraron la destrucción de su institucionalidad, de los derechos de sus ciudadanos y de las garantías judiciales para quienes se vieron afectados por la violencia armada.
El caso de Guatemala es el aviso que tenemos los colombianos frente a la realidad que nos toca. Un país donde la fuerza nefasta del socialismo prevaleció e impuso su proyecto político subversivo -sin ganar la guerra-, a través de la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-.
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Este organismo, establecido por un Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala, apoyada por la Embajada Americana, terminó convirtiéndose en un “monstruo” generador de persecuciones y encarcelamientos de manera ilegal e injusta a varios denunciados, en total violación a los derechos constitucionales de libertad, inocencia y debido proceso.
En este mismo sentido, Otto Fernando Pérez Molina, General retirado del Ejército de Guatemala, Presidente de ese país de 2012 a 2015 –hoy encarcelado por corrupción-, se convertía en el objetivo inmediato de la cruzada socialista que trabaja de manera coordinada en el mundo, como si fuera una orquesta que con precisión, arrasa con las instituciones que guardan la seguridad y defienden la libertad de los ciudadanos; empezando por la Fuerza Pública, para lo cual el periodismo tendencioso y falaz resulta muy útil.
En 2011, un día antes de las elecciones presidenciales en Guatemala, el periodista Nicholas Casey -quien para ese entonces trabajaba en The Wall Street Journal-, publicó el reporte “Guatemala Opens Inquiry Into Disappearance of Ex-Rebel Fighter” – Guatemala abre investigación sobre desaparición de ex combatiente rebelde-. El escrito señalaba que la Fiscalía había abierto una investigación por la muerte de un guerrillero y además, sugería una presunta participación de Pérez Molina en los hechos.
En otro reporte, “General Poised to Win Guatemala Poll” -El general está a punto de ganar la encuesta de Guatemala- sobre la victoria de Pérez Molina, Casey nuevamente menciona el caso del guerrillero, vinculando al exgeneral.
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Al mismo tiempo, varios medios de comunicación reportaban la misma información. Un esfuerzo coordinado por parte de la izquierda internacional para enviar un mensaje directo al Presidente electo sobre la agenda que debía seguir, que era la de facilitar el actuar de los grupos subversivos en ese país, en completa impunidad.
Tal y como lo mencionan el escritor Steve Hecht y el periodista estadounidense- guatemalteco, Armando de la Torre, en su artículo “Power Struggle in Guatemala” – Lucha por el poder en Guatemala-, los medios de comunicación de los Estados Unidos que simpatizaban con los guerrilleros de Guatemala, crearon un mecanismo de presión a través de publicaciones tendenciosas y lograron que el entonces Presidente cediera ante las pretensiones.
De acuerdo a las investigaciones de Hecht, el precio de detener la persecución a Otto Pérez Molina fue dejar a la señalada aliada de la guerrilla, la Fiscal General Claudia Paz y Paz, en su puesto y nombrar a otros izquierdistas en su gobierno.
Pérez Molina cumplió y los medios, incluyendo Casey, no mencionaron más el caso del guerrillero o las otras acusaciones en su contra. Un claro chantaje de la izquierda para seguir su conquista de Guatemala.
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En Colombia, es claro que el actual gobierno y sus aliados representan una amenaza para la agenda de la izquierda. Atacar las banderas por las cuales fue elegido, resulta sumamente fácil cuando se recibe el apoyo de organismos internacionales, que en el “nombre de la paz” pretenden continuar sometiéndonos a la desaparición del Estado de Derecho.
Por eso, resulta increíble ver que es el mismo periodista Casey, sea el que hoy ponga en entredicho la honorabilidad del Ejército Nacional de Colombia; actuando más como alfil político de una estrategia triangulada, que como periodista.
Deslegitimar las fuerzas militares es deslegitimar la seguridad democrática que hizo que Colombia fuera nuevamente viable como país; un rumbo que perdimos bajo el mandato de Juan Manuel Santos y que el actual Presidente está llamado a retomar, sin chantajes, bajo los preceptos de la libertad y el orden.