Introducción
Desde el 7 de agosto de 2022, el gobierno de Petro ha buscado impulsar diálogos con grupos al margen de la ley y estructuras armadas organizadas de alto impacto bajo el estandarte de la mal denominada “Paz Total”. No obstante, la realidad es que los diálogos no han funcionado, pues son evidentes los impactos negativos de la criminalidad en el país. Entre enero y diciembre de 2024, se ha evidenciado que ni la Fuerza Pública está exenta de los ataques de los grupos criminales, quienes han robado antenas, armas, munición, explosivos, radios, vehículos y uniformes. Además, es notorio el terrorismo cometido ante la infraestructura petrolera, con 63 atentados contra los oleoductos del país entre agosto de 2022 y septiembre de 2024, siendo el oleoducto Caño Limón Coveñas el más afectado.
Palabras clave:
- Fuerza Pública
- Criminalidad
- Infraestructura petrolera
- Atentados
Desarrollo
La criminalidad en Colombia no solo afecta a la población civil, sino también a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. Durante el 2024, se registraron múltiples casos de robos a la Fuerza Pública, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad de estas entidades frente a los grupos ilegales. Este panorama desmiente las expectativas de que los diálogos puedan conducir rápidamente a una disminución de las hostilidades o al respeto por las instituciones del Estado.
Por otro lado, un sector particularmente golpeado es el de los oleoductos. Entre 2023 y 2024, los atentados terroristas contra estos sistemas de transporte de petróleo han tenido un impacto económico significativo, con costos de reparación que ascienden a $211.622 millones de pesos en 2023. Cada intervención para reparar los daños genera un gasto promedio de $800 millones de pesos, recursos que podrían destinarse a mejorar la infraestructura petrolera o direccionarse hacia proyectos de inversión. El oleoducto Caño Limón Coveñas, con una extensión de 773,94 km, ha sido blanco recurrente de estos ataques, afectando no solo la economía nacional, sino también el medio ambiente:
En este sentido, la evidencia y los hechos demuestran que los grupos criminales siguen actuando con impunidad, expandiendo su control territorial y desafiando la autoridad del Estado. La persistencia de los ataques también sugiere que las concesiones hechas durante los procesos de diálogo no han sido suficientes para disuadir a estos actores de continuar con sus actividades delictivas.
Conclusión
La estrategia de diálogo con los grupos criminales en Colombia, lejos de lograr un impacto positivo significativo, parece haber reforzado la percepción de impunidad y debilitado la capacidad del Estado para proteger su infraestructura estratégica y a su Fuerza Pública. Los atentados continuos contra oleoductos y los hurtos de armas, munición y material de guerra a la Fuerza Pública evidencian que los objetivos de la «Paz Total» están lejos de materializarse. Es crucial revaluar estas políticas y considerar enfoques que prioricen una verdadera seguridad para el país.