Bogotá, abril 1 de 2019
La instrumentalización de las “causas nobles” en defensa de los desvalidos, los vulnerables o los excluidos, es siempre una de las armas más eficaces dentro de las estrategias de revolución.
Para la izquierdopatía revolucionaría, el control de la memoria histórica y la verdad es fundamental. Por eso “chillan” con ahínco cuando se les remueve de cargos donde destrozan los hechos comprobados de la historia, porque en su esquizofrenia necesitan un mundo paralelo que conjugue sus deseos.
La Minga indígena del CRIC es una estrategia más de combinación de las formas de lucha, donde la plataforma agraria del ELN y las Farc es compartida a plenitud. Los colombianos olvidan que desde los años 70, el Censo Regional Indígena derivó luego en el Concejo Regional Indígena, cooptado por el M-19 en sus luchas.
Desde esa época hasta hoy, no se han detenido en su objetivo de atrapar al Estado. Por ello, en 2014, el otrora ministro del Interior Aurelio Iragorri atendiendo las demandas extorsivas del paro agrario, financió un plan de segregación que ha dado sus frutos: la creación de un Estado dentro de otro.
250 mil millones de pesos fueron otorgados a dedo, para favorecer organizaciones que conforman una élite que afirma representar minorías indígenas, campesinas y negras, constituyendo una Mesa Única Nacional para interlocutar con el Estado. La resolución fue expedida diez días antes de las elecciones en primera vuelta presidencial de 2014 y a la ONIC le correspondieron 50 mil millones, que nadie sabe a dónde fueron a parar.
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Resulta importante conocer que al interior de un resguardo, la propiedad privada es inexistente; los comuneros son obligados a obedecer a sus dirigentes y, de no hacerlo, son sometidos a crueles castigos físicos mediante la tortura con látigo y cepo -este último método odiosamente heredado de la colonia hispánica- y a ser encerrados en calabozos de medio metro cuadrado.
Quienes fungen como jueces carecen de cualquier tipo de preparación para impartir justicia; los líderes se hacen elegir, así pierdan con el voto en blanco y los comuneros son obligados a unirse a los bloqueos y a atentar contra la Fuerza Pública, con armas y explosivos no convencionales, so pena de perder el carné de AIC –Asociación Indígena del Cauca-.
La educación de los niños es todo un modelo de adoctrinamiento para hacer parte de la Guardia Indígena, que jamás revisa los antecedentes criminales probables de sus miembros y desconoce a la Policía y al Ejército en el «territorio ancestral».
Hoy los líderes del CRIC son los más grandes terratenientes de Colombia. Sin embargo, aducen falta de tierras y la obligación del Estado a proveerlas, desconociendo las 800.000 hectáreas de su propiedad, algunas adquiridas bajo presión y violencia en contra de pequeños campesinos y colonos a quienes despojan de sus posesiones y propiedades.
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Por ello, un departamento que antes fue potencia agrícola y ganadera, terminó empobrecido y preso de la avaricia de quienes usan los privilegios constitucionales de su etnia para tiranizar a su propio pueblo y a quienes deben convivir con ellos.
Las vulgares peticiones presentadas por el CRIC ascienden a 3,9 billones de pesos en partidas globales, sin abrir la posibilidad de que dentro del Presupuesto General de la Nación sea desagregado para poder fiscalizarlo, bajo el argumento de respetar su «autonomía» y desconociendo la competencia de los órganos de control, a sabiendas que éstos dineros salen de los impuestos de los colombianos.
Es el momento de desenmascarar el mito fundacional de las reivindicaciones del CRIC. Las comunidades afectadas, los gremios de la producción y sus trabajadores, deben denunciar a la dirigencia del CRIC por violar el principio de distinción, consagrando en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en el DIH; por su responsabilidad en involucrar a la población civil inerme es sus luchas subversivas contra del Estado Colombiano.
Ya basta de tanta complicidad. Ayudemos a liberar a los indígenas de la dictadura de la élite del CRIC.