Bogotá, marzo 25 de 2019
Somos una sociedad llena de retos. La historia nos ha convertido a unos en observadores y a otros, en protagonistas de todas las formas de violencia -por acción u omisión-, como víctimas o como victimarios.
También hemos padecido todas las combinaciones probables: víctimas convertidas en victimarios y victimarios convertidos en víctimas. Por ello, resulta tan difícil para cualquier extranjero comprender la complejidad de los fenómenos de las múltiples violencias en Colombia.
Igualmente existe una constante de 50 años para acá, que ha cubierto buena parte de estas actuaciones y que hoy reposa oculta en los indicadores de nuestra economía: el negocio ilícito de la producción y comercialización de la coca, con todas sus actividades derivadas como el lavado de activos, el contrabando, el control territorial, la corrupción política y judicial y las alianzas con la misma fuerza pública. Todo un cóctel que día a día deviene en la destrucción de la ya precaria institucionalidad y la supervivencia del Estado de derecho.
Y si a lo anterior se le añade la fórmula de enredarlo todo hasta convertirnos en un Estado cuyos miembros atentan contra su propia supervivencia, utilizando todo tipo de argumentaciones revestidas de humanitarias -invocando la protección a los más débiles o la necesidad del cuidado del medio ambiente y sus fuentes de agua-, nos estrellamos con realidades aterradoras.
La prohibición de la aspersión aérea por cuenta de una demanda ante la Corte Constitucional, tiene a Colombia enfrentada al peor de sus escenarios, registrando muertes diarias de erradicadores manuales y de miembros de la fuerza pública destinados a protegerlos.
Las cifras presentadas recientemente por la Presidencia de la República a agosto de 2018, muestran que los cultivos de coca llegaron a 206 mil hectáreas; que 30% de nuestros parques naturales han sido utilizados para este fin y que en los últimos 10 años, los cultivos ilícitos han transformado de manera negativa 87.300 hectáreas de tierra. Además, el 24% de la deforestación que ocurre en Colombia, la están originando los cultivos ilícitos.
El Observatorio Nacional de Salud, por su parte, encendió las alarmas poniendo en evidencia que hay un 82% más de probabilidad de morir por causas violentas en municipios de mayor presencia de cultivos ilícitos, mientras que por otro lado el Estudio Nacional de Consumo reporta que entre el año 2012 y el año 2017, el aumento del consumo de drogas en menores fue de 12%.
Los grupos criminales, repotenciados gracias al Acuerdo de Paz con las Farc, saben perfectamente a lo que le apuntan. Se valen de la protección de los Parques Nacionales para que sus carteles lleguen a invadir esos territorios; también llegan a los resguardos indígenas, aprovechando el tratamiento excepcional que les da la Constitución Nacional, para pervertir sus costumbres y volverlos cómplices de la amenaza más grande que tiene nuestro país.
Si bien el Gobierno Nacional ha sido respetuoso de la sentencia T-236 de 2017 de la Corte Constitucional, relacionada con la fumigación aérea con glifosato, el dejarnos sin esa posibilidad nos está condenando a la inviabilidad institucional y a la muerte.
Detener la aspersión le hizo el trabajo a los grupos ilegales que se encargaron de expandir rápidamente sus cultivos, pasando de tres a seis cosechas por año. La retórica utilizada para mantener esta prohibición, atenta contra la supervivencia de nuestra sociedad y son entonces los soldados y los policías, quienes terminan siendo la carne de cañón de este entramado donde se exhiben argumentos bien intencionados contra realidades de a puño.
Pero esto no termina allí: por cuenta de varias ONG como Ascamcat, promovida por el sacerdote Francisco de Roux -presidente de la Comisión de la Verdad-, se auspició la organización de cultivadores de coca bajo la Asociación Coccam, llegando a la cifra de 130 mil familias cocaleras que se escudaron en su incapacidad para sobrevivir cultivando otro producto agrícola; ocultando el control territorial de los carteles del narcotráfico y soslayando el enorme costo anual de medio punto del PIB, en el esfuerzo por la sustitución de los cultivos.
Por lo tanto, la discusión trasciende mucho más allá del uso de un herbicida cuya afectación no ha sido demostrada, como lo señaló la Fiscalía General de la Nación cuando expuso los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Interamericana para el Uso de las Drogas. En estos informes se concluye que «no hay una evidencia científica sobre la afectación a la salud (…) el glifosato no es cancerígeno ni mutagénico». Un riesgo que no es real, frente a la muerte de más de 200 ciudadanos entre activistas y líderes de sustitución de cultivos sociales, inmersos en esta espiral de violencia en los territorios cocaleros.
Esta realidad solo sugiere una cosa: y es que la aplicación de la aspersión aérea, junto a las demás políticas de erradicación y sustitución propuestas ya por el Presidente Iván Duque, sacarían a Colombia del mar de coca que la tiene inundada y asfixiada.
No se puede tener maniatado a un país con el arma del narcotráfico apuntándole en la cabeza.