Resumen:
Desde el 7 de agosto de 2022, el Gobierno Nacional ha suscrito múltiples convenios interadministrativos con la Policía Nacional que permiten el uso de su flota aérea para fines cuestionables. A pesar de la disminución progresiva del presupuesto destinado al mantenimiento de aeronaves y al transporte de uniformados heridos en combate, se han destinado más de $34 mil millones para movilizar funcionarios y presuntos operadores políticos del oficialismo a eventos públicos y cabildos abiertos. Esta práctica, además de comprometer recursos esenciales para la seguridad nacional, plantea serios cuestionamientos sobre la legalidad, la ética pública y la destinación de los recursos. El presente artículo analiza de forma crítica este fenómeno, con base en cifras oficiales y elementos de análisis político y administrativo.
Palabras clave:
- Policía Nacional
- Flota aérea
- Convenios interadministrativos
- Gobierno Petro
- Corrupción
- Gasto público
- Etica administrativa.
Introducción
El uso de los recursos públicos debe regirse por los principios constitucionales de eficiencia, legalidad, transparencia y responsabilidad. En el caso colombiano, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cumplen funciones específicas que no incluyen la prestación de servicios de transporte para fines políticos o propagandísticos. No obstante, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha identificado un preocupante direccionamiento de recursos para cumplir con la agenda del Presidente en sus eventos pero para influencers o bodegas.
A partir de la firma de trece (13) convenios interadministrativos desde agosto de 2022, por un valor total de $34.438.899.998, la flota aérea de la Policía ha sido utilizada, no para misiones de seguridad, traslado de miembros de la PONAL o apoyo a poblaciones vulnerables, sino para transportar funcionarios, asesores y presuntos integrantes de estructuras comunicacionales que operan a favor del Gobierno. Mientras tanto, los recursos para mantenimiento y apoyo logístico han disminuido drásticamente, y decenas de aeronaves permanecen inoperativas.
Desarrollo
Convenios interadministrativos y uso de aeronaves
Desde 2022, la Policía Nacional ha sido objeto de una serie de convenios interadministrativos con el Ministerio del Interior y otras entidades del Gobierno Nacional, mediante los cuales se ha facilitado el uso de aeronaves institucionales para transporte de civiles. Aunque estos convenios tienen como fundamento jurídico la colaboración entre entidades estatales, su ejecución ha sido polémica.
En lugar de destinarse al traslado de uniformados heridos, apoyo a zonas de orden público o misiones humanitarias, las aeronaves se han utilizado para llevar funcionarios y contratistas del oficialismo —algunos identificados como “bodegueros”— a eventos de contenido político. Un ejemplo particularmente grave se registró durante el cabildo abierto en Barranquilla en 2025, cuando un avión de la Policía transportó a 30 personas, muchas sin rol institucional claro, desde Bogotá, con un costo superior a los $93 millones de pesos.
Presupuesto creciente para propaganda, decreciente para mantenimiento
La ejecución de estos convenios se produce en un contexto de reducción crítica del presupuesto de mantenimiento aeronáutico. Mientras los gastos por estos vuelos políticos sumaron más de $34 mil millones entre 2022 y 2025, el presupuesto anual para mantenimiento pasó de $103.000 millones en 2023 a $10.000 millones en 2025. Hoy, 28 aeronaves están fuera de servicio, lo que afecta seriamente la operatividad de la institución.
Los valores desembolsados año a año refuerzan la tendencia:
- 2022: $2.625.000.000
- 2023: $14.112.500.000
- 2024: $9.701.399.998
- 2025: $8.000.000.000
Conclusión
El Gobierno Nacional tiene el deber constitucional de garantizar la seguridad y bienestar de todos los colombianos, especialmente de quienes, como los miembros de la Fuerza Pública, arriesgan su vida diariamente. La utilización de la flota aérea de la Policía Nacional como herramienta de transporte político no solo desvirtúa su razón de ser, sino que pone en entredicho las verdaderas prioriodades del gobierno. Este fenómeno no puede normalizarse. Es una forma sofisticada de corrupción y constituye una afrenta al interés público.
Resulta inaceptable que mientras se argumenta falta de recursos para enfrentar problemáticas de seguridad, se asignen fondos millonarios al transporte para movilizar personas afines al Gobierno. Esta práctica genera desconfianza en las instituciones y erosiona el respeto por la función pública.
