Resumen:
Desde la posesión de Gustavo Petro en 2022, Colombia ha enfrentado una profunda crisis de seguridad, debilitamiento institucional y fortalecimiento de grupos ilegales. A través de una política de “paz total” sin control efectivo, se ha erosionado la capacidad operativa de la Fuerza Pública y vulnerado el Estado de Derecho mediante acciones del Ejecutivo que deslegitiman a los entes de control. Paralelamente, más de 3,3 millones de colombianos han migrado y no han regresado, buscando mejores condiciones de vida en el exterior. Este fenómeno migratorio refleja una pérdida de confianza en el rumbo del país.
Palabras clave:
- Migración
- Seguridad
- Fuerza Pública
- Estado de Derecho
- Crisis institucional
- Paz total
Introducción
Desde la posesión del presidente Gustavo Petro el 7 de agosto de 2022, Colombia ha experimentado transformaciones profundas en diversos frentes del orden institucional. Aunque su mandato fue respaldado en las urnas con la promesa de un cambio social, es necesario someter a escrutinio crítico los efectos reales que sus políticas han generado en términos de seguridad, salud, institucionalidad y gobernabilidad. El debilitamiento de la Fuerza Pública, el fortalecimiento de estructuras ilegales como en la zona del Catatumbo y el suroccidente de Colombia, y el deterioro del Estado de Derecho han generado no solo un clima interno de inestabilidad, sino también un notable incremento de la migración de colombianos hacia el exterior.
En este sentido, se procede a analizar tangencialmente uno a uno de los problemas que causan inseguridad en el ciudadano y por los cuales aumentaría la migración:
- Crisis de seguridad y fortalecimiento de GAOML y EAOCAI
Uno de los aspectos más alarmantes del actual gobierno ha sido la política de “paz total”, que, si bien plantea una intención loable de reconciliación, ha sido aplicada sin un control efectivo sobre el accionar de los grupos armados al margen de la ley y de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. En diversas regiones del país, actores ilegales como el ELN, las disidencias de las FARC y bandas criminales han ampliado su influencia territorial, cobrando control sobre comunidades, corredores de narcotráfico y economías locales, ante la pasividad o incluso la permisividad del Estado.
Esto ha provocado un retroceso tangible en las condiciones de seguridad para los ciudadanos. Los homicidios, secuestros, extorsiones y desplazamientos han aumentado, a la vez que se ha evidenciado una reducción operativa de las Fuerzas Militares y de Policía. La narrativa oficial ha tendido a deslegitimar la labor de los organismos de seguridad, debilitando su moral institucional y socavando su capacidad de acción.
- Vulneración del Estado de Derecho
El respeto por el principio de legalidad, la separación de poderes y las garantías institucionales ha sido puesto en entredicho en múltiples ocasiones. Las reiteradas confrontaciones del Ejecutivo con el Congreso han generado un ambiente de polarización y desconfianza.
Adicionalmente, la utilización de mecanismos jurídicos de dudosa constitucionalidad, como los decretos extraordinarios incluyendo el Decreto 639 de 2025 que convoca la consulta popular, las reformas sin consenso y los ataques a la propiedad privada mediante discursos ideológicos, constituyen una amenaza directa al orden democrático.
- Migración masiva: un síntoma de desconfianza nacional
De acuerdo con datos oficiales de Migración Colombia, 3.332.431 ciudadanos han salido del país desde el 7 de agosto de 2022 y no han regresado. Esta cifra representa más que un fenómeno demográfico: puede considerarse como un reflejo de desconfianza ante las políticas regresivas de este Gobierno, la falta de oportunidades, inseguridad y el temor por el rumbo institucional del país.
Los principales destinos elegidos por los connacionales son Estados Unidos (951.582), España (808.456) y México (362.024).
Conclusión
El exilio voluntario no puede ser una condena perpetua ni una renuncia al deber ciudadano. Colombia requiere de su talento humano, su capital intelectual y su compromiso con la democracia. El comunismo disfrazado de reformas progresistas no debe normalizarse. Es momento de escribir una nueva historia de seguridad, orden, legalidad y libertad para todos.
Colombia atraviesa un momento decisivo en su historia contemporánea. La crisis no es solamente de gobernabilidad o de seguridad; es, en el fondo, una crisis de identidad nacional. Frente a la vulneración del Estado de Derecho y al debilitamiento de las instituciones, la sociedad civil –incluyendo a quienes residen en el exterior– debe asumir un papel protagónico en la defensa de los valores democráticos. La recuperación de Colombia no será posible sin la movilización de todos los sectores comprometidos con un proyecto de país libre y seguro.
