La sevicia -y el desafío- que se reflejaron en el crimen atroz contra la joven candidata a la Alcaldía de Suárez -Cauca-, Karina García, junto a su madre y su equipo de trabajo en zona rural de ese municipio, le abrió los ojos al país frente al nivel de degradación a la que hemos llegado gracias a la impunidad del Acuerdo de Paz con las Farc.
Léider Johany Noscué Bototo, Alias ‘Mayimbú’, miembro del Resguardo Indígena Paez de Corinto y jefe de las denominadas “disidencias” en el norte del Cauca, señalado por las autoridades como autor intelectual de este aberrante hecho, nos hizo ver que la esencia de este grupo ilegal -supuestamente escindido de las Farc-, fue desde hace tiempo la actividad del narcotráfico.
Precisamente ese narcotráfico, hoy fortalecido también gracias al Acuerdo de Paz, por la tolerancia abusiva del gobierno Santos, que primero pactó un cese bilateral al fuego -como mensaje de confianza con el grupo terrorista-, luego bloqueó la fumigación -con la excusa del glifosato como agente cancerígeno- y, por último, la obligación subrepticia de tener que acordar con las comunidades la erradicación de cultivos de coca.
El proceso de paz nos fue vendido como un desarme exitoso con todas las garantías de verdad y reparación para las víctimas; cobijó a cientos de delincuentes, explosivistas, secuestradores, violadores, asesinos y narcos, que gracias a la impunidad otorgada por la JEP, crearon nuevas células que tienen sitiadas a regiones enteras para ejercer control territorial y favorecer sus negocios ilícitos.
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Precisamente a este grupo pertenece Noscué Bototo, quien se había acogido a la JEP el 14 de marzo del 2017; fecha en la que suscribió un Acta de compromiso ante la Secretaría Ejecutiva de dicha entidad, en el que figuraba como miembro del Resguardo Indígena Paez de Corinto.
Un mes después, ‘Mayimbú’ fue certificado como miembro de las Farc por la oficina del Alto Comisionado para la Paz e incluido en las listas de quienes se acogerían al proceso de reincorporación.
Alias ‘Mayimbú’, entrenado durante 14 años como explosivista de las Farc, fue condenado en dos procesos penales por secuestro extorsivo a 30 años de prisión. Sin embargo, se le otorgaron toda clase de beneficios por haberse sometido a la JEP. En junio del 2017 le fue concedida la libertad condicionada y de paso, su traslado a una “zona veredal transitoria de normalización”.
El resto de la historia se resume a las ataduras que hoy tienen capturado al Gobierno y a la Fuerza Pública, que han logrado debilitar las instituciones del Estado, a tal punto que ven desdibujados su roles y su capacidad de proteger a la población civil. El sometimiento es tal, que la situación jurídica de Noscué Bototo puso en ‘jaque’ las facultades del Ministerio de Defensa y los procedimientos normales de la Fuerza Pública para perseguirlo y capturarlo.
Entretanto, son cerca de 6 mil los hombres que hoy continúan alzados en armas de manera ilegal en Colombia. De ellos, 2 mil 700 pertenecen a las disidencias de las Farc y 2 mil 200 al ELN, mientras el número restante hace parte de otros grupos y redes delincuenciales como Los Rastrojos, Los Pelusos, El Clan del Golfo, entre otros.
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En consecuencia, la autoridad del Estado se diluye en el imaginario de la obligatoriedad del Acuerdo de Paz, violatorio de todas las normas y convenciones internacionales que protegen a las víctimas.
Preocupa que en el actual Gobierno haya quienes se empeñan en sostener de forma permanente los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, un nombre diseñado para ocultar la gravedad de legalizar enclaves ubicados en lugares geoestratégicos que facilitan el control del área y que sirven para ejercer acciones delincuenciales; como el secuestro reciente del ganadero José Ramón Molina, en su finca en Fonseca, La Guajira, hoy bajo presión por la frontera con Venezuela e incrustada en el corredor del corregimiento de Conejo, donde está ubicado otro de los 23 Espacios Territoriales desde donde se voló tranquilamente ‘Jesús Santrich’.
Karina García representaba el perfil promisorio de una joven de provincia con deseos inquebrantables de superación. Cabe preguntarse: ¿Cuántas Karinas más se necesitan para reaccionar ante el despropósito de haberle entregado todo a las Farc y aun no ponerles límites? ¿Cuántos ‘Mayimbú’ hay libres, planeando asesinar gente buena y creando la suficiente zozobra preelectoral?
He ahí el dilema de “la paz o la guerra”, que esgrime la prensa liberal y los progresistas irresponsables e inconsecuentes. Y he ahí el señalamiento falaz contra quienes defendemos la autoridad y la ley.