El tribunal de la infamia

Bogotá, agosto 12 de 2018

El viernes pasado se estrenó para los militares de Colombia el tribunal de la infamia, denominado “Justicia Especial para La Paz”, diseñado por el comunismo internacional.

En esta audiencia, se vio el anticipo de lo que va a ser la guillotina que terminará por destrozar a la fuerza pública.

Dado que la Jep se debía inaugurar con amplia connotación mediática, el caso seleccionado fue el de las  madres de Soacha, triste episodio en la historia de los denominados “falsos positivos” en Colombia.

Sin embargo, a pesar de ser un caso que se convirtió en inapelable por la presión mediática, tenemos conocimiento que entre los condenados hay al menos cuatro soldados que jamás estuvieron en ninguno de los hechos ocurridos, que son inocentes y están condenados en primera instancia por la justicia ordinaria a 36 años de prisión.

Tristemente, ellos aspiran a ser escuchados en este nuevo escenario de “verdad plena”, pero lo que vimos fue un espectáculo grotesco: Soldados con un papel en la mano, leyendo unas cuartillas escritas por sus abogados, obligados a reconocer su culpa y su arrepentimiento; sin  haber sido vencidos en juicio -de segunda instancia-, pese a que el autor intelectual -narcotraficante-, que era el jefe del reclutador -esposo de la hermana del soldado que organizaba las fechorías-, continúa impune;  y con la certeza que entre los condenados hay inocentes.

Es claro que quienes cometieron delitos como agentes del estado, reconozcan los hechos y pidan perdón. Pero es detestable que en un proceso mal llevado en la justicia ordinaria, los soldados sean tratados como ganado y que estén obligados a firmar un acta en la que deben reconocer lo que no hicieron, para mantener su libertad condicional.

Sin embargo, el espectáculo no terminó allí: Mientras leían las hojas escritas por sus abogados, el otrora fiscal y hoy magistrado de la Jep, Pedro Elías Díaz Romero, imputado por la Fiscalía por fraude procesal por la presunta alteración de pruebas en el caso Santodomingo, les gritaba y vociferaba -de la misma forma en que el Mono Jojoy maltrataba a soldados y policías recluidos dentro de un galpón en la mitad de la selva-:  “¡Reconozca”!

En medio de la ofuscación, un soldado levantó su voz y dijo: “Yo no soy culpable”.

En ese momento recordé lo que dos semanas atrás había sucedido con alias Timochenko, en ese mismo tribunal -donde está vez no se le permitió el ingreso a las víctimas-, quien hizo su aparición alzando su brazo en señal de victoria, visiblemente sonriente ante la comodidad de llegar al recinto de sus aliados comunistas.

Esta es la Jep: una “justicia especial» sin ningún tipo de equilibrio, que solo garantiza absoluta impunidad a una parte y humillación para su contraparte, sin garantías de imparcialidad.

¿A cuántos inocentes tendremos que ver doblegados ante la JEP, pidiendo perdón y confesando delitos que no cometieron? ¿Cuántos más decidirán cargar con culpas inexistentes para no perder los beneficios que les da acudir ante este tribunal?

El país merece la verdad plena, tanto de quienes cometieron delitos, como de aquellos que son víctimas jurídicas de las Farc y todos sus tentáculos en la rama judicial.