Resumen
Este artículo analiza el estado de las investigaciones y procesos penales relacionados con los actos terroristas ocurridos durante lo que se ha denominado «la toma guerrillera de 2021» en Colombia. Según datos de la Fiscalía General de la Nación, se han llevado a cabo 183 imputaciones contra miembros de la Primera Línea por delitos como concierto para delinquir, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. Sin embargo, solo 36 casos han avanzado a la etapa de juicio, mientras que 88 investigaciones permanecen en curso.
Palabras clave:
- Toma guerrillera de 2021
- Proceso penal
- Investigación Penal
- Delitos
- Estado de derecho
- Primera Línea
Introducción
En el contexto de las mal llamada “protestas sociales” que tuvieron lugar en Colombia durante 2021, emergió un grupo conocido como la Primera Línea, cuya participación estuvo marcada por actos de violencia, destrucción de bienes públicos y privados, ataques contra civiles y miembros de la fuerza pública.
Desarrollo
En 2021, Colombia vivió uno de los episodios de declive social y acciones terroristas a raiz de las movilizaciones en las cuales una facción de los manifestantes, identificada como la Primera Línea, estuvo involucrada en acciones violentas. Entre los actos reportados se encuentran la destrucción de bienes públicos, estaciones de policía y transporte, incendio de locales comerciales, buses, agresiones directas contra civiles, fuerza pública e incluso se dieron bloqueos en importantes vías y barrios como sucedión en Ciudad Jardín y Pance en la ciudad de Cali. Investigaciones preliminares indican que las acciones de la Primera Línea no fueron espontáneas, sino que respondieron a una estructura organizada y financiada con recursos provenientes de actividades ilícitas, como el narcotráfico cuya intención era provocar desorden y desestabilidad en las ciudades.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, durante los últimos tres años producto de las acciones violentas presentadas en 2021, se han registrado 183 imputaciones relacionadas con la Primera Línea. Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. A pesar de este avance inicial, solo 36 de estos casos han llegado a juicio, mientras que 88 investigaciones aún están en curso.
La legitimación de acciones violentas bajo el pretexto de la protesta social y el respaldo que le da actualmente la Fiscalía General de la Nación a este tipo movilizaciones reduciendo el alcance del actuar investigativo como lo establecido en la Directiva 0001 del 10 de septiembre 2024, permite que este tipo de conductas queden impunes o sean reinterpretadas como un derecho fundamental que puede debilitar la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos en su vida, propiedad privada, libre locomoción y demás derechos concordantes y, garantizar el respeto por el Estado de Derecho.
Conclusión Los actos violentos asociados con la Primera Línea durante las protestas de 2021 deben ser analizados en el marco de un sistema judicial robusto y eficiente que permita diferenciar entre manifestaciones legítimas y acciones delictivas. Aunque el avance en las investigaciones es un paso positivo, el rezago en los procesos judiciales evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para responder a este tipo de delitos dentro de manifestaciones que se tornan violentas y propician escenarios de actos.
Los actos violentos asociados con la Primera Línea durante las protestas de 2021 deben ser analizados en el marco de un sistema judicial robusto y eficiente que permita diferenciar entre manifestaciones legítimas y acciones delictivas. Aunque el avance en las investigaciones es un paso positivo, el rezago en los procesos judiciales evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para responder a este tipo de delitos dentro de manifestaciones que se tornan violentas y propician escenarios de actos terroristas. Asimismo, es crucial evitar que se legitimen narrativas que justifiquen la violencia como una forma válida de protesta, ya que esto amenaza la estabilidad social y el respeto por el Estado de derecho. En última instancia, la respuesta a estos desafíos debe incluir tanto medidas legales como políticas públicas que prevengan la instrumentalización de las movilizaciones sociales por actores con agendas ilícitas tales como grupos guerrilleros que financiaron a la primera línea en 2021.
