Resumen
Durante los años 2023 a 2025, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha destinado más de $387 mil millones de pesos en eventos, celebraciones y divulgación institucional. Esta política de gasto contrasta con la situación crítica de millones de colombianos que enfrentan pobreza y falta de acceso a servicios básicos. Además, contraviene la normativa interna que establece austeridad en el gasto público, como los Decretos 444 de 2023 y 199 de 2024, los cuales ordenan limitar el gasto en publicidad y eventos oficiales. Este artículo analiza el desfase entre la normativa de austeridad y la ejecución presupuestal del gobierno nacional, cuestionando la legitimidad y eficacia del uso de los recursos públicos en medio de una evidente crisis económica, social y fiscal.
Palabras clave
- Gasto público
- Austeridad
- Divulgación institucional
- Gobierno Petro
- Control fiscal
- Eventos oficiales
- Propaganda política
Introducción
La gestión pública debe orientarse al cumplimiento de fines esenciales del Estado, entre ellos ofrecer seguridad, educación y el uso racional de los recursos públicos con un Estado mas austero y pequeño. Sin embargo, el actual gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, parece priorizar la autopromoción institucional sobre la atención a las necesidades urgentes de la población. Pese a las disposiciones normativas que exigen austeridad, los datos sobre la ejecución presupuestal revelan un uso intensivo de fondos para eventos, celebraciones y campañas de divulgación institucional que no se traducen en mejoras tangibles para los ciudadanos. Este texto busca exponer la incoherencia entre el discurso oficial de austeridad y la práctica administrativa del gasto superfluo.
Desarrollo
1. El gasto institucional bajo el gobierno Petro
Entre 2023 y 2025, el gasto en celebraciones, eventos y autopromoción ascendió a $387.245.621.790, mientras que $162.928.369.180 se destinaron exclusivamente a campañas de divulgación institucional. Tan solo en 2025, entidades como el Ministerio de Agricultura, la Cancillería, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente suscribieron contratos por más de $30 mil millones para logística y realización de eventos. Este panorama revela un patrón sostenido de inversión en propaganda, en lugar de ejecución de programas sociales, entrega de medicamentos, financiación de becas o infraestructura.
2. Contradicción con los principios de austeridad
Los Decretos 444 de 2023 (art. 11) y 199 de 2024 (art. 15) establecen claramente políticas de austeridad en materia de publicidad estatal, buscando reducir el gasto en eventos y limitarlo a lo estrictamente necesario. Sin embargo, la ejecución presupuestal contradice abiertamente estas disposiciones. La falta de coherencia entre la norma y la práctica erosiona la confianza ciudadana y cuestiona el respeto al principio de legalidad administrativa y la austeridad que debería cumplir este gobierno.
3. ¿Propaganda política disfrazada de institucionalidad?
A falta de indicadores concretos de cumplimiento de los planes de gobierno, el uso excesivo de recursos en eventos y promoción evidencia directamente que se usa como mecanismo de propaganda para tratar de mostrar gestión y ejecución, se recurre a la imagen del gobierno como sustituto de resultados, desviando recursos que podrían emplearse para mitigar la pobreza, mejorar la salud o impulsar el empleo.
Conclusión
El gobierno de Gustavo Petro incurre en una preocupante contradicción: mientras predica austeridad, gasta cientos de miles de millones en propaganda institucional sin resultados verificables. Este gasto no solo es ineficiente, sino contrario a la normativa expedida por el propio Ejecutivo. En un país donde millones carecen de lo básico, el despilfarro en eventos oficiales representa una afrenta al interés público. El Gobierno Nacional tiene el deber de ejercer una correcta ejecución de los recursos direccionada a los sectores que realmente lo necesitan, prioriozando la seguridad de los ciudadanos, promoviendo condiciones para la creación de empleos, empresas e impulsando la educación de alta calidad acompañada de una buena infraestructura para mejorar la calidad de vida de los colombianos, este gobierno tiene el deber de ser responsable en la gestión de los recursos públicos.
