Resumen
El programa «Jóvenes en Paz» o “Pagar para no matar” del gobierno de Gustavo Petro, dirigido a jóvenes vinculados a bandas criminales o a las dinamicas criminales, busca prevenir la violencia mediante incentivos económicos. Entre mayo y octubre de 2024, el Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS) desembolsó $9.366 millones a 2.962 beneficiarios de seis ciudades principales, incluyendo 862 menores de edad. A pesar de la inversión, el programa enfrenta críticas por su limitada implementación, falta de control y cuestionable efectividad en la reducción de la criminalidad.
Palabras clave:
- Jóvenes en Paz
- Criminalidad
- Transferencias condicionadas
- Empleo juvenil
- Educación
- Política pública
Introducción En un intento por combatir la criminalidad juvenil y la violencia en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro lanzó el programa «Jóvenes en Paz», destinado, a jóvenes en riesgo de caer en redes delictivas. La estrategia consiste en otorgar pagos mensuales para disuadirlos de participar en actividades criminales. Sin embargo, la iniciativa no ha arrojado resultados visibles en la reducción de la criminalidad incluso pese a que su implementación es limitada, se evidencia una falta de resultados tangibles y cuestionamientos.
Desarrollo
- Cobertura e inversión del programa
El programa ha realiza transferencias monetarias a 2.962 jóvenes entre los 14 y 28 años en seis ciudades principales: Quibdó, Medellín, Bogotá, Guachené, Puerto Tejada y Buenaventura. Según los datos, Quibdó lidera en inscripciones, mientras que regiones afectadas por altos índices de violencia como el Cauca han quedado fuera de la estrategia ¿Cuál es el criterio real de focalización para elegir a los beneficiarios?. A pesar de una inversión significativa de $9.366 millones, los pagos promediaron $3 millones por persona, pero la falta de una distribución equitativa entre regiones sugiere desigualdades en la priorización. Por ejemplo, Buenaventura recibió más recursos que Guachené y Puerto Tejada, a pesar de ser zonas con problemáticas similares.
- Transferencias a menores de edad
Un aspecto polémico es la inclusión de 862 menores de edad (14-18 años), quienes recibieron $2.707 millones. No obstante, el Manual Operativo del programa no establece directrices claras para garantizar que los recursos lleguen a los beneficiarios sin intermediarios, lo que podría facilitar prácticas como la suplantación o el desvío de los fondos.
La ausencia de un enfoque protector para los menores de edad también refleja vacíos en el diseño del programa. Al priorizar las transferencias económicas sobre alternativas estructurales como la educación o el empleo, se arriesga perpetuar la dependencia económica en lugar de ofrecer soluciones tangibles para realmente disminuir la criminalidad.
- No se evidenciar reducción de criminalidad en menores de edad y jóvenes
El programa enfrenta críticas respecto a su impacto en la reducción de la criminalidad. En regiones como el Chocó, donde la violencia y el reclutamiento forzado de jóvenes son persistentes, no hay evidencia de una disminución significativa en las dinámicas delictivas. Esto plantea interrogantes sobre si los recursos están generando los resultados esperados o si podrían ser mejor aprovechados en iniciativas estructurales como la generación de empleo, acceso a educación y fortalecimiento de instituciones locales.
4. Falta de control en las transferencias
La implementación limitada del programa a solo seis ciudades y la falta de mecanismos robustos de evaluación y monitoreo resaltan fallas en su diseño. Estas deficiencias dificultan medir su impacto real y garantizan poco en términos de sostenibilidad a largo plazo. Además, el uso de transferencias directas sin condicionamientos claros materializa claramente un derroche de recursos públicos, lo que deja en entredicho la limitación de recursos que argumenta el gobierno nacional al que hace poco se le hundió la reforma tributaria en el Congreso. Lo anterior implica que los programas desarrollados por el gobierno nacional que tienen que ver con entrega de transferencias o subsidios no están siendo implementados de manera efectiva, lo cual debe replantear la postura para evaluar la necesidad de si el programa debe seguir siendo ejecutado o no.
Conclusión
El programa Jóvenes en Paz el cual se puede definir como “pagar por no matar” tiene claras deficiencias operativas, limitada cobertura y un cuestionable impacto en los resultados respecto a la criminalidad, lo cual lo convierte en una medida insuficiente y superflua para abordar las causas estructurales de la criminalidad. Más allá de los pagos económicos, se requiere un enfoque integral que priorice la educación, la creación de empleos y el fortalecimiento de redes comunitarias. Sin estas acciones, el programa corre el riesgo de convertirse en transferencia de recursos costosa que no garantiza resultados sostenibles ni cambios significativos en las dinámicas de violencia juvenil en el país.
