Resumen

El presente escrito analiza el presunto uso indebido de recursos públicos mediante la utilización de aeronaves oficiales de la Policía Nacional por parte de Juliana Guerrero, funcionaria del Ministerio del Interior. El hecho ocurrido el 19 de junio de 2025, suscita cuestionamientos sobre legalidad, competencia y legitimidad del gasto público. Se estudian los elementos fácticos, normativos y políticos del caso en un contexto de creciente preocupación por la corrupción y el abuso de poder en la administración pública colombiana.

Palabras clave:

• Transparencia
• Abuso de poder
• Juliana Guerrero
• Aeronaves oficiales
• Ministerio del Interior

Introducción

La transparencia en el uso de los recursos públicos constituye un principio esencial del Estado social de derecho. No obstante, los escándalos de corrupción en Colombia revelan fallas recurrentes en el control de los bienes y recursos estatales. Uno de los casos más recientes involucra a Juliana Guerrero, quien fungía como funcionaria del Ministerio del Interior y, posteriormente, fue anunciada como Viceministra de la Igualdad.

El viaje realizado el 19 de junio de 2025 en la aeronave oficial PNC-0242 (ATR) de la Policía Nacional, con un costo de $34.726.028, puso en evidencia una posible utilización irregular de un bien público. Más aún, el desplazamiento incluyó a la hermana de Guerrero, sin vínculo con el Ministerio del Interior, lo cual plantea interrogantes sobre el uso personal de recursos oficiales y la eventual extralimitación de funciones.

Desarrollo

Hechos relevantes

• Vuelo Bogotá – Valledupar (19 de junio de 2025): La aeronave oficial PNC-0242 (ATR), con capacidad para 44 pasajeros, fue empleada exclusivamente por Juliana Guerrero y su hermana.
• Costo del trayecto: $34.726.028, con cargo al Convenio Interadministrativo 400 entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, cuyo valor total asciende a $7.000 millones.
• Justificación del viaje: Asistencia de Guerrero al Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar el 20 de junio de 2025, supuestamente como delegada de la Presidencia.

Posibles jurídicos y administrativos

• Competencia presidencial: El Ministerio del Interior reconoció que la Presidencia de la República carece de facultades legales o constitucionales para impartir órdenes a funcionarios de dicho Ministerio. Esto plantea un vicio de legalidad en la designación de Guerrero como “representante” de la Presidencia.
• Manual de funciones: Según el cargo que desempeñaba Guerrero, no existía competencia ni función que le permitiera representar a la Presidencia.
• Uso de aeronaves oficiales: El transporte aéreo estatal aunque sea mediante convenios interadministrativos, está destinado a fines institucionales propios del Ministerio del Interior, no personales o de otras entidades el orden nacional. La inclusión de su hermana sin vínculo laboral con el Ministerio del Interior constituye un posible uso indebido de bienes públicos.

Requisitos profesionales y cuestionamientos

La hoja de vida de Guerrero, al ser designada Viceministra, no acreditaba los requisitos establecidos en la Resolución 178 del 10 de abril de 2024, que exige título profesional con posgrado o experiencia mínima de 24 meses. El título en contaduría obtenido de manera expedita alimenta dudas sobre la idoneidad en su nombramiento.

Dimensión política y control institucional

El 22 de julio de 2025, la senadora María Fernanda Cabal denunció formalmente el caso ante la Procuraduría General de la Nación, señalando el uso indebido de aeronaves de la Policía Nacional. La denuncia enfatiza no solo la irregularidad administrativa, sino también la afectación a la legitimidad del Gobierno Petro, que enfrenta crecientes críticas por prácticas de clientelismo y nombramientos cuestionados.

Conclusión

El caso de Juliana Guerrero refleja la fragilidad institucional frente al control de los recursos públicos y la tendencia a la politización de los nombramientos en el aparato estatal. El uso de una aeronave oficial con fines discutiblemente privados, sumado a la falta de competencia legal para su designación como representante de la Presidencia, configura un escenario que compromete los principios de legalidad, eficiencia y moralidad administrativa.
Más allá del debate jurídico, el episodio plantea un problema político mayor: la erosión de la confianza ciudadana en la administración pública y la percepción de impunidad frente a actos de corrupción. La investigación en curso por parte de la Procuraduría será clave para determinar responsabilidades y, sobre todo, para reafirmar el principio de que los recursos del Estado deben estar al servicio de todos los ciudadanos, y no de intereses personales o familiares.