Resumen:
Este escrito examina el programa “Jóvenes en Paz”, implementado por el Gobierno de Gustavo Petro entre 2024 y 2025, que busca retirar jóvenes de estructuras criminales mediante incentivos económicos. El análisis pone en cuestión la eficiencia y certeza de destinar recursos superiores a los de los dispuestos para subsanar el deficit de ICETEX para 2025, con la intención de retribuir a quienes han cometido delitos, generando lo que puede considerarse un incentivo perverso. Se contrastan las cifras oficiales de inversión, se analiza la lógica de política pública subyacente, y se exponen los riesgos sociales y morales de este modelo.
Palabras clave:
- Jóvenes en Paz
- Petro
- Política pública
- Incentivos perversos
- Criminalidad
- Educación
Introducción
El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha impulsado una política controversial: pagar a jóvenes que han formado parte de estructuras criminales para que abandonen estas prácticas. Bajo el nombre de “Jóvenes en Paz”, este programa ha despertado serias preocupaciones en materia de asignación del gasto público e incentivos sociales. Esta iniciativa plantea dilemas fundamentales: ¿es legítimo usar recursos públicos para premiar conductas antisociales?, ¿qué impacto tiene sobre la educación, la moral ciudadana y la confianza en las instituciones?, ¿qué ocurre cuando se invierte más en quien se acerca a delinquir que en quien estudia?
Desarrollo
Más funcionamiento que intervención real
Entre agosto de 2024 y abril de 2025, el programa destinó $137 mil millones de pesos exclusivamente para funcionamiento administrativo y de implementación, una cifra que sobrepasa lo invertido directamente en los beneficiarios. De esos recursos, $91 mil millones se destinaron a equipos técnicos para acompañamiento, de los cuales solo $33 mil millones han sido efectivamente ejecutados.
Paralelamente, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, bajo la dirección de Gustavo Bolívar, transfirió $60 mil millones adicionales desde mayo de 2024. En total, más de $197 mil millones de pesos se han comprometido, pero la mayoría se ha ido en funcionamiento, no en transferencias directas a los jóvenes. Esto representa una política costosa, cuyo impacto real no se demuestra.
Transferencias a jóvenes: Un incentivo perverso
De los 14.870 jóvenes vinculados, 4.365 son menores de edad entre 14 y 17 años, a quienes se han entregado más de $16 mil millones de pesos. A ello se suman 232 jóvenes extranjeros beneficiados con $1.008 millones de pesos. Esta política ha sido promovida como una estrategia de reconciliación, pero los efectos colaterales generan alarma: ¿por qué se remunera a quienes estuvieron en redes criminales o cerca de ellas, mientras estudiantes honestos carecen de apoyo?
La situación resulta aún más inquietante si se considera que en el año 2024, el Gobierno destinó $566 mil millones de pesos al programa, mientras el Icetex –institución clave en el acceso a la educación superior– debía recibir apenas $432 mil millones. Este desfase revela una clara desproporción y falta de coherencia respecto del discurso del Presidente con la educación frente a una política basada en pagos para evitar el delito.
El supuesto efecto preventivo del programa se ha visto empañado por casos como el del sicario implicado en el atentado a Miguel Uribe, quien seguía recibiendo pagos del Estado mientras continuaba delinquiendo. Esto pone en tela de juicio la eficacia del control institucional y el verdadero compromiso de algunos beneficiarios. El mensaje social que se transmite es peligroso: “es más rentable delinquir que estudiar”.
Conclusión
El programa “Jóvenes en Paz”, aunque pueda tener una “buena intención” tendiente a lograr la reinserción social, representa una política pública de alto riesgo y baja efectividad. El desbalance en el gasto, la priorización de delincuentes sobre estudiantes y los casos de reincidencia evidencian un diseño mal estructurado, que puede terminar legitimando la criminalidad como estrategia de ascenso social.
Si el Estado opta por pagar por no matar, evidenciará debilidad institucional y moral máxime cuando no existen resultados comprobables y demostrables. Más que paz, esta política puede estar sembrando un peligroso precedente sobre las prioridades del gobierno, en las cuales se prioriza al delincuente sobre el estudiante.
