Resumen
A partir del 1 de septiembre de 2025, Colombia enfrenta una inminente crisis en la expedición de pasaportes, derivada de decisiones improvisadas por parte del Gobierno Nacional. La falta de capacidad técnica y operativa de la Imprenta Nacional, sumada a una inexistente planificación por parte de la Cancillería, amenaza con colapsar un servicio esencial para millones de ciudadanos. Este escrito analiza de forma crítica los antecedentes, las omisiones institucionales y las responsabilidades políticas detrás de lo que ya se perfila como una grave afectación a los derechos de movilidad y a la eficiencia del Estado.
Palabras clave
- Pasaportes
- Imprenta Nacional
- Improvisación
- Crisis institucional
- Responsabilidad política
- Petro
- Cancillería
Introducción
La expedición de pasaportes en Colombia, tradicionalmente asumida por entidades con experiencia técnica y contractual, está próxima a experimentar un colapso institucional sin precedentes. A raíz de una serie de decisiones adoptadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, se ha encomendado esta función a la Imprenta Nacional, una entidad sin competencia ni estructura para asumir dicha tarea. Mientras las autoridades aseguran que «todo va bien», la evidencia demuestra un escenario totalmente contrario: filas interminables, fallas en el sistema, falta de transparencia contractual y una ausencia preocupante de infraestructura y personal capacitado. Este análisis busca demostrar cómo esta situación no solo es el reflejo de una improvisación política, sino que también compromete gravemente la eficiencia administrativa del Estado.
Desarrollo
El discurso oficial frente a una realidad: desorden y falta de preparación
La Cancillería ha insistido en que el proceso de transición en la expedición de pasaportes “avanza con normalidad” y que no hay reportes oficiales de fallas en el agendamiento de citas. Sin embargo, respuestas a derechos de petición, medios de comunicación, redes sociales y testimonios directos de ciudadanos relatan una situación distinta: filas de hasta 12 horas, cancelación unilateral de citas por “fallas técnicas” y una plataforma que no responde a la demanda. La negación sistemática de estos hechos por parte del Gobierno constituye una estrategia de ocultamiento, más que de solución.
La demora del contrato con Portugal y la evasión de responsabilidades
Una de las afirmaciones más graves es la referencia a un supuesto acuerdo con Portugal para el respaldo técnico en la fabricación de pasaportes. No obstante, la misma Cancillería ha confirmado que no existe tal acuerdo hasta el momento, delegando en la Imprenta Nacional una responsabilidad que dicha entidad no está en condiciones de asumir. Esta omisión no es menor: implica que el Gobierno ha mentido deliberadamente al país o, en el mejor de los casos, ha actuado con una improvisación alarmante.
La Imprenta Nacional: sin capacidad ni experiencia
La Procuraduría General de la Nación, en visitas de inspección, ha determinado que la Imprenta Nacional no cuenta con la capacidad técnica ni logística para asumir la tarea de fabricar pasaportes. Incluso, la misma entidad mediante respuestas a solicitudes de información, ha reconocido que está en “proceso de fortalecimiento”, lo cual evidencia que no tiene actualmente la infraestructura ni el personal entrenado para esta labor. Además, esta tarea no forma parte de su misión institucional, lo cual plantea un desvío de funciones.
Conclusión
La responsabilidad de esta crisis no puede limitarse a errores administrativos. Las consecuencias deben recaer sobre quienes, desde el poder, han contribuido a generar el caos: el excanciller Luis Gilberto Murillo, quien lideró la ruptura contractual; Laura Sarabia, quien ha ofrecido versiones contradictorias sobre el proceso; y la actual canciller, sin trayectoria diplomática ni dominio suficiente de idiomas, cuya designación responde más a cuotas políticas que a méritos profesionales. Esta cadena de decisiones compromete no solo la legalidad del proceso, sino también la estabilidad de un derecho esencial como el de salir del país mediante la expedición o emisión del correspondiente pasaporte que dicho de paso, debe cumplir con estandares internacionales que hasta ahora la Imprenta Nacional no puede emitir a cabalidad.
Lo que ocurre con el sistema de pasaportes en Colombia es el reflejo de una administración basada en la improvisación, el clientelismo y la falta de planeación. Mientras se niega la crisis públicamente, miles de ciudadanos viven las consecuencias de una estructura colapsada. La decisión de trasladar la responsabilidad a una entidad inexperta como la Imprenta Nacional representa no solo una torpeza administrativa, sino un acto que raya en la negligencia institucional.
