Por primera vez en seis años, los cultivos de coca disminuyeron en el país. El último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre cultivos ilícitos en Colombia, muestra una reducción en la cantidad de hectáreas sembradas, pasando de 171.00 en diciembre de 2017 a 169.000 hectáreas en el 2018. Destacando además que la baja corresponde a los esfuerzos estatales, que incluyen erradicación, sustitución y persecución.
Frenar la tendencia creciente que registraba Colombia desde 2014, que en 2017 nos llevó a un alza récord en narcocultivos y producción de cocaína, ha sido una labor hoy destacada por el Gobierno de los Estados Unidos.
“El presidente Iván Duque ha obtenido avances tempranos para frenar los niveles récord en cultivos y producción de coca heredados de su antecesor y para liderar esfuerzos para que se retome la fumigación aérea en Colombia” señaló el Presidente Donald Trump, reiterando que este progreso debe “continuar y expandirse”.
Para nadie es desconocido que el Acuerdo de Paz estimuló el aumento de los cultivos ilícitos en varias extensiones de la geografía nacional. Los negociadores del Gobierno en La Habana establecieron, en el marco del Acuerdo, que la erradicación sería concertada con las comunidades; cediendo así la autonomía y soberanía de la política antidrogas donde Colombia es firmante de tratados internacionales. Solo en un renglón casi oculto del Acuerdo, se señala que se podría volver a fumigar.
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La motivación que produce el fácil enriquecimiento a través de esta práctica ilegal, convirtió a Colombia nuevamente en el mayor productor de coca en el mundo. De esta forma, las llamadas “disidencias” se reagruparon y se sumó un ELN repotenciado, un EPL resucitado y numerosos grupos denominados GAOs (Grupos Armados Organizados); que hoy son “nuevos aliados“ de un negocio multimillonario mientras reclutan y asesinan para ejercer control territorial.
De acuerdo con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo independiente dentro del sistema de la ONU en su informe entregado en marzo de este año, el cultivo de coca subió «constantemente desde 2013, pasando de las 48.000 hectáreas registradas hasta las 171.000 en el 2018” y agregó que «en América del Sur, la fabricación ilícita de cocaína tuvo un impacto en el mercado europeo, donde la evidencia de una mayor disponibilidad y uso es motivo de preocupación. En Colombia, tanto el cultivo ilícito de arbusto de coca como la fabricación de cocaína aumentaron en 2017, en un 17 por ciento y en un 31 por ciento, respectivamente, alcanzando un máximo histórico».
Este fue precisamente el principal aliciente para que organizaciones delincuenciales de otros países -como el Cartel de Sinaloa-, hicieran presencia en el territorio, se sumaran al negocio del narcotráfico y nos convirtiéramos nuevamente en una amenaza para la seguridad de la región.
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Parte de esa misma herencia ha sido la muerte sistemática de líderes y activistas de distintas comunidades, varios de ellos por trabajar en proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito o por denunciar la presencia de actores armados, reclutamiento forzado y microtráfico.
No ha sido fácil para el actual Gobierno del Presidente Duque recuperar el sentido de autoridad frente a la política de lucha contra el narcotráfico. Enfrentar la sentencia de la Corte Constitucional fue uno de sus más enconados esfuerzos por retomar el rumbo y frenar la amenaza a la estabilidad de la Nación.
Estamos entonces en un momento clave para cambiar la realidad de nuestro país, que pondrá en evidencia a quienes realmente centran su lucha en la paz y la justicia o juegan con ella para debilitar las instituciones y acceder al poder, favoreciendo la ilegalidad y la impunidad.
Amanecerá y veremos.