El 16 de julio de 2014, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió una sentencia de única instancia en contra del entonces Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenándolo por “celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros”, actuaciones que jamás fueron demostradas por el Alto Tribunal.
Sin embargo, éste fallo no fue unánime. En ese entonces, el Magistrado Eugenio Fernández Carlier, presentó salvamento de voto con serias discrepancias a la decisión tomada por la Corte.
En el documento, de 67 páginas, el magistrado lanzó una fuerte crítica a la Fiscalía al considerar que no había demostrado la responsabilidad de Arias en el delito de celebración indebida de contratos y estimó que en su conducta tampoco hubo mala fe, ni dolo y que mucho menos se había quedado con dineros pertenecientes al programa ‘Agro Ingreso Seguro’.
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Fernández Carlier explicó cómo lo manifestado por el ente acusador, no correspondía a lo probado en juicio; no estaba acreditado y no cumplía con los requisitos mínimos exigidos en un debido proceso.
Pero lo que llama más la atención dentro del caso de Arias, es que tanto en el salvamento de voto como en el análisis de la sentencia, se concluye que antes de su paso por el Ministerio de Agricultura, en esa cartera se habían realizado –desde 1.993- más de cien convenios similares al ejecutado bajo el nombre de ‘Agro Ingreso Seguro’, que jamás recibieron cuestionamientos por parte de ningún órgano de control.
“La defensa y el procesado demostraron que los funcionarios del Ministerio que precedieron a Andrés Felipe Arias acudían a contratar directamente con el IICA en actividades similares”, explicó el Magistrado Fernández.
A pesar de lo argumentado en el mencionado salvamento de voto, la sentencia contra Arias obtuvo votos positivos de los magistrados Leonidas Bustos y Gustavo Malo, hoy involucrados en una escandalosa red de corrupción conocida como el “Cartel de la Toga”, donde fueron públicas las denuncias que señalaban el cobro de cifras millonarias a involucrados en sus investigaciones.(1)
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Andrés Felipe Arias es una víctima más de un sistema judicial politizado, invertido en su conciencia moral, que premia bandidos y criminales de lesa humanidad como ‘Jesús Santrich’, pero condena a 17 años a un hombre inocente cuya única “culpa” era ser el sucesor de Álvaro Uribe a la Presidencia de Colombia.
Propio de los Estados sin instituciones sólidas ni independencia real de poderes, el debido proceso le fue vulnerado y se le negó el derecho universal a una segunda instancia; convirtiendo a Arias -como a muchos más- en un condenado sin juicio justo.
Su sentencia viola todos los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia sobre la materia, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Políticos y Civiles de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que está en vigencia desde el 23 de marzo de 1976.
Incluso, el mismo Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en noviembre de 2018, confirmó que se han vulnerado los derechos del exministro, por no tener precisamente una segunda instancia.
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La sentencia de única instancia contra Arias fue impugnada y negada por la Corte Suprema en tres ocasiones. A hoy, ya son 8 años dando la batalla para demostrar su inocencia.
Luego de solicitar asilo en los Estados Unidos por persecución política en su contra, regresa extraditado a Colombia sin existir tratado vigente, por la obstinada gestión de funcionarios de la Cancillería, upados por Juan Manuel Santos para retaliar contra Uribe y el uribismo.
Repugna la mezquindad y falta absoluta de rigor de muchos “opinadores” mediáticos, que se mofan de la tragedia que vive Arias y disfrutan de su evidente indefensión. Esa manada de predadores sin alma, me recuerda que somos una sociedad enferma, sin Dios, que reclama derechos y exculpa asesinos mientras cercena la defensa de los inocentes. ¡Hasta dónde hemos llegado!
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(1) – El Magistrado Bustos, otrora aliado incondicional de Juan Manuel Santos y famoso por la frase de “La paz está por encima de la justica”, no ha regresado al país desde noviembre del año pasado y se rumora que ha solicitado asilo político en Canadá.