Sorprendió el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, con su anuncio de presentar por parte del Gobierno Nacional, un proyecto de ley para revivir las “16 curules para la paz”.
Haciendo memoria, es bueno recordar que durante la promoción del Acuerdo de Paz, Juan Manuel Santos pronunció una de las tantas mentiras que los colombianos han tenido que tragarse en toda su historia, cuando afirmó que “Este proceso pone a las víctimas en el centro de la solución (…) definimos los compromisos para satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición”.
Desde hace cuatros años, quienes tuvieron que soportar por más de cinco décadas las atrocidades y la perversidad del grupo narcoterrorista de las Farc, empezaron a ser invisibilizados por sus victimarios, que decidieron quiénes sí y quiénes no debían ser reconocidos como víctimas.
En ese camino, conformaron una Comisión de la Verdad excluyendo de su composición a las organizaciones de víctimas de las Farc. Sin duda una sucia jugada para tener el control de la información y poder establecer las verdades con las que a diario se reescribe la historia de Colombia, sobre la sangre de los miles de muertos que hoy reposan en la memoria del olvido.
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Paralelamente, crearon un Tribunal de Paz y escogieron sus jueces a dedo, no sin antes pasar por el rasero de la aquiescencia de las Farc; jueces en su mayoría provenientes del activismo “oenegero”, incumpliendo un principio fundamental del derecho: El principio de imparcialidad del juez.
Para rematar, nos obligaron a comprometer el presupuesto para financiar su reincorporación, sin entregar nada a cambio, ni rutas de narcotráfico, ni laboratorios de drogas, ni bienes, ni nada de nada. Con dificultad, fueron entregados cien menores de los 11 mil reportados como reclutados por la Fiscalía, con la excusa de que ya eran adultos.
Nada es nunca suficiente para llenar el buche de un comunista, atenidos a vivir del trabajo de los demás; ahora, suman entre sus insaciables exigencias las 16 curules “para las víctimas”, que se hundieron a finales del año pasado, presentando una tutela ante la Corte Constitucional para revivir la propuesta original; a sabiendas que sólo lograrán este objetivo mediante el “litigio estratégico”, otra modalidad de combinación de formas de lucha.
Lo increíble es que a pesar de la herencia de un país inundado de coca, donde se asesinan líderes sociales y desmovilizados de la Farc a manos de las mismas disidencias de las Farc, se insista en imponer estas circunscripciones ubicadas en municipios también repletos de coca y de minería ilegal, para terminar de consolidar su control territorial. Sin contar que la mayoría de las víctimas ya no viven allí, ni que resultará imposible para cualquiera de ellas hacer campaña en medio de la violencia de los grupos ilegales.
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Según hemos podido observar, el Gobierno pretende rediseñar el proyecto original de las 16 curules. Pero comete el error de validar un Acuerdo espurio, desconociendo el triunfo del ‘NO’ en el plebiscito y yendo en contravía de las banderas que se agitaron para alcanzar el poder.
Mal hace este Gobierno al anticiparse a una decisión aún incierta de la Corte Constitucional, pretendiendo jugar en un campo minado donde además, no tiene las mayorías en el Congreso.
Por más que su intención sea salirle al paso al acorralamiento de la oposición aliada con la Corte Constitucional, el no librar batallas defendiendo sus propias banderas, desdibuja al Gobierno y lo desmarca de unas bases que jamás entenderán una apuesta donde el costo ya de por sí es demasiado alto.
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- El informe sobre el Sistema Integrado de Monitoreo entregado a mediados de este año por las Naciones Unidas, muestra que “el 62 por ciento de la coca en Colombia, está sembrada en el 5 por ciento del país”.
- El documento expuso que los núcleos de mayor densidad de siembra por kilómetro cuadrado se ubicaron en: El Tambo, Argelia (Cauca); El Charco, cuenca alta del río Telembí (Nariño); Anchicayá (Valle del Cauca); Tarazá, Valdivia (Antioquia) y San Pablo (Bolívar).
- Cinco de esos municipios, pertenecen a las circunscripciones especiales transitorias de paz: El Tambo –Cauca-, ubicado en la zona C1 – Nariño, Cauca y Valle del Cauca; El Charco –Nariño-, incluido en la C10 – Pacifico Nariño; Tarazá – Antioquia-, que hace parte de la C3 – Bajo Cauca; Barbacoas (río Telembí) – Nariño-, de la C10 – Pacifico Nariño y San Pablo – Bolívar-, ubicado en la C13 – Sur de Bolívar.