El momento de la salida de ‘Jesús Santrich’ de la cárcel La Picota de Bogotá, enmarca el fiel retrato de la degradación social ante la cual sucumbe Colombia.
Mientras, de un lado, los seguidores de la Farc gritaban al unísono “¡Sí se pudo!”, celebrando la liberación de uno de los cabecillas del grupo guerrillero que por más de seis décadas sembró dolor y muerte en nuestro país, del otro lado estaban los agentes del CTI de la Fiscalía oficializando su recaptura, recordándole a la ciudadanía que este individuo jamás tuvo un compromiso serio con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
En una sociedad sana, no habría dudas frente a lo que significa la correcta aplicación de la norma. Y aunque la ley es clara, hay quienes siguen empeñados en confundirlo todo para defender lo indefendible, callar a las víctimas y negarse a que los reincidentes paguen por sus delitos.
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En medio de esa “confusión”, esta semana Colombia estuvo al borde del abismo y experimentó el peligro que significa mantener intocable la Jurisdicción Especial para la Paz, tal y cómo fue concebida en el nefasto Acuerdo de La Habana.
Un Tribunal compuesto por magistrados escogidos a partir de una selección que se basó en garantizar a las Farc impunidad, vinculados en su mayoría a ONG’s de extrema izquierda y que en el pasado contribuyeron a la judicialización de miembros de la Fuerza Pública, no es la respuesta a unas expectativas de paz. En resumen, como lo he reiterado en numerosas ocasiones, la JEP es un Tribunal que no cumple con un principio fundamental del derecho: La imparcialidad del juez.
La Sección de Revisión de la JEP, de manera arbitraria no solo ordenó la libertad de ‘Jesús Santrich’, desconociendo las pruebas aportadas por la Fiscalía que demostraban que el exjefe de las Farc había continuado delinquiendo aún después de la firma del Acuerdo, sino que además atrevidamente compulsa copias al Consejo Superior de la Judicatura para investigar disciplinariamente a varios funcionarios de la Fiscalía, por presuntas irregularidades en el trámite del proceso.
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Y, mientras el presidente de la Sección de Revisión, Jesús Ángel Bobadilla, argumentaba que “el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas (…) y en las interceptaciones telefónicas de otro caso, enviadas a la JEP por la Fiscalía, no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición”, dos magistradas ponían al descubierto la otra cara de un mismo hecho, demostrando la corrupción que rodea a ese Tribunal.
En su salvamento de voto, Gloria Amparo Rodríguez y Claudia López Díaz mostraron cómo la JEP está invadiendo las competencias de otras instituciones del Estado, otorgándose facultades que no le corresponden para favorecer el crimen.
La magistrada Rodríguez fue clara al asegurar que la Sección de Revisión “no tiene la facultad o competencia legal para ordenar la libertad del señor Hernández Solarte, en la medida en que la restricción o restablecimiento de ese derecho recae exclusivamente en la Fiscalía (…) lo que corresponde a la Sección es dar a conocer a la Fiscalía la determinación adoptada para que esta sea la que proceda según su competencia”.
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Mientras López Díaz expuso que el Tribunal ejerció de manera deficiente sus obligaciones probatorias y falló a favor de Santrich, argumentando que las pruebas no eran contundentes, en lugar de ahondar un poco más en las evidencias.
“En el presente caso no se requerían pruebas adicionales para determinar la fecha precisa de la conducta atribuida al señor Hernández Solarte, por cuanto la acusación extranjera es suficiente para ese propósito” explicó la magistrada, que además declaró que “una simple lectura de esa acusación extranjera” bastaba para confirmar que los hechos ocurrieron “desde al menos junio de 2017, o alrededor de dicha fecha, hasta abril de 2018, inclusive”.
Mientras toda esta película se sucede en el país del “sagrado corazón”, los ciudadanos de bien continuaremos atentos a los próximos episodios; esperando muy pronto conocer las revelaciones de Marlon Marín, sobrino de ‘Iván Márquez’ y que al fin termine de destaparse el resto de la historia. Por lo pronto, los congresistas del Centro Democrático insistiremos en el cambio de los miembros de este Tribunal que es un remedo de justicia.