Resumen: El presente documento analiza el gasto de más de 3.139 millones de pesos en un evento gubernamental reciente en Colombia denominado “Pacto por la Tierra y la Vida”, cuestionando la pertinencia del uso de estos recursos en un contexto actual crisis de seguridad en zonas como el Catatumbo y salud pública por la falta de entrega de medicamentos. Se examinan los costos detallados del evento y se pone en evidencia la contradicción entre el discurso oficial y las acciones del Gobierno, resaltando la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad fiscal.
Palabras clave:
- Gasto público
- Crisis social
- Transparencia
- Presupuesto
- Política gubernamental
- Derroche
Introducción
El uso eficiente de los recursos públicos es un principio fundamental para garantizar el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, en un país como Colombia, donde persisten crisis en seguridad y salud, la destinación de fondos estatales a eventos políticos de dudosa relevancia para impulsar los discursos del Presidente, genera cuestionamientos sobre las prioridades del Gobierno. Recientemente, se llevó a cabo un evento en Chicoral, Tolima, que costó más de 3.139 millones de pesos a los contribuyentes.
Desarrollo
El evento en cuestión se promocionó como una «movilización espontánea», pero se evidenció que el Gobierno contrató 130 vehículos por un costo de 701 millones de pesos para transportar a aproximadamente 5.200 personas. Además, los costos de alimentación fueron excesivos: cada cena costó 81.000 pesos, cada desayuno 78.116 pesos, cada bolsa de agua 3.879 pesos y cada refrigerio 42.649 pesos, sumando un total de 710.903.263 pesos.
En un contexto donde no se están entregando medicamentos, la violencia afecta a diversas regiones como el Chocó y el Catatumbo, existen problemas con los créditos de ICETEX y miles de colombianos enfrentan dificultades económicas, estos montos generan indignación. El gasto público debe ser dirigido a la solución de problemas estructurales en lugar de financiar eventos que no representan un beneficio tangible para la población. Este episodio también evidencia una desconexión entre el discurso oficial y la realidad: mientras el Gobierno promueve la austeridad y la equidad, sus acciones reflejan un manejo discrecional e irresponsable de los recursos estatales.
Conclusión
El uso de recursos públicos para movilizar personas y tratar de legitimar estas inversiones en eventos políticos es una muestra grosera de derroche cuando no se tienen como prioridad los problemas más apremiantes del país. Mientras el conflicto armado con grupos terroristas sigue afectando la seguridad de varias regiones, la educación enfrenta dificultades por falta de financiamiento, la entrega de medicamentos es insuficiente y proyectos de infraestructura cruciales quedan estancados, el Gobierno decide destinar miles de millones de pesos a eventos que no generan beneficios tangibles. Es imperativo que se realice un control estricto del gasto público para garantizar que los recursos sean utilizados en mejorar la calidad de vida de los colombianos y no en estrategias políticas de autopromoción.
