El 14 de marzo de 2012, Thomas Lubanga Dyilo, comandante congoleño, fue condenado por el Tribunal Penal Internacional (CPI) por “crímenes de guerra contra la infancia, por el reclutamiento de niños para su grupo armado”. Fue un fallo histórico para la humanidad.
Lubanga Dyilo se convirtió en el primer criminal de guerra detenido y condenado por dicho Tribunal que determinó «sin dudas», que el acusado reclutó forzosamente -entre 2002 y 2003- a menores de 15 años para obligarlos a participar en el conflicto que vivía la República Democrática del Congo, convirtiéndolos en soldados.
“Son niños que no tienen expresión en los ojos (…) la única manera de sobrevivir que tienen es eliminar las emociones. Tienen que mostrarse crueles y seguir matando” señaló un grupo de misioneros que fue testigo de los horrores de la guerra en el país africano.
Tristemente, el ejercicio macabro de convertir menores en máquinas de matar, ha sido empleado a los largo de la historia en distintos países y en niveles inesperados de crueldad y dolor.
Entre los años sesentas y setentas, los ‘Jemeres Rojos’ conocidos también como Khmers Rouges en francés -brazo armado del Partido Comunista de Kampuchea (antigua Camboya)- reclutaron miles de niños como soldados.
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“Todos eran soldados jóvenes de 12, 14, 15 años de edad (…) Les habían lavado el cerebro. Les habían dicho que tenían que limpiar la sociedad, que tenían que ejecutarnos. Te miraban sin ninguna compasión, así estuvieras inválido o fueras un bebé. Te veían como si fueras un enemigo al que odiaban mucho” narra Sokphal Din, uno de los sobrevivientes al régimen que acabó con el 25% de la población de Camboya, sometiéndola a ejecuciones sistemáticas, hambre, enfermedades y exceso de trabajo.
De acuerdo con la Unicef, unos 300.000 niños y niñas participan en conflictos armados de todo el mundo. Disparar y ser disparados, además de ser explotados sexualmente, son algunos de los vejámenes a los que son sometidos diariamente.
Es tal el nivel de humillación, que pierden su propia identidad y son usados como escudos humanos para evitar que los grandes terroristas -que no conocen límites- sean dados de baja.
El ejemplo más inmediato, es el caso del terrorista Al Bagdadi, quien murió recientemente durante una operación militar en Siria.
El líder de ISIS estaba acompañado por dos adultos y 11 niños. En el intento de escapar por una red de búnkeres y túneles, portando un chaleco explosivo, el terrorista se hizo acompañar de tres menores que fallecieron en el momento en que se inmoló.
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Colombia también ha sido escenario de la barbarie del reclutamiento. Actualmente son investigados más de 8 mil casos de niños que fueron reclutados por las Farc para hacer parte de sus filas, en diferentes regiones del país; y hoy sus disidencias, unidas a otros grupos armados, continúan esta práctica ruin.
Es claro que la degradación del grupo guerrillero no se detuvo con la firma del Acuerdo de Paz –que de estable y duradero no tuvo absolutamente nada-, sino que se profundizó.
Lejos de defender las “causas del pueblo” -excusa que utilizaron por años para atentar contra el Estado-, las FARC, convertidas en disidencias, siguen empeñados en la lucha a sangre y fuego, reforzando sus frentes con niños arrebatados a familias campesinas. Esta vez, con una motivación mucho más clara: el narcotráfico puro y duro.
Los crímenes de guerra están perfectamente descritos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y así como establece prohibiciones claras sobre el uso de niños en medio del conflicto armado, también establece que los niños armados se convierten en combatientes y por lo tanto, son un blanco legítimo.
Bien lo ha especificado Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro del Interior y de Justicia: “Combatiente es todo aquel que, sin importar su género o edad, participa directamente en las hostilidades. Un civil no es un combatiente y debe ser protegido de los peligros de las operaciones militares, pero si un civil, sin importar su género o su edad, participa en las hostilidades, pierde su calidad y pasa a ser un blanco legítimo”.
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En este mismo sentido lo señala el Comité Internacional de la Cruz Roja, en la “Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el DIH”; donde explica que: “existe la posibilidad de que incluso las personas civiles que son obligadas a participar directamente en las hostilidades o los niños que no tienen edad legal para ser reclutados [sean considerados combatientes y por tanto] pierdan la protección contra los ataques directos”.
En Colombia -pese a las convenciones internacionales-, los narcoterroristas y sus aliados de civil lograron nuevamente aplicar su exitoso método de inversión revolucionaria, estableciendo que la culpa por la muerte de niños reclutados no fue de quien los reclutó a la fuerza, sino de quienes cumplen con las obligaciones de salvaguardar a toda la población de sus crueles ataques.
Colombia enfrenta una lucha por su supervivencia, en medio de la propaganda, de las noticias falsas y del último embate del Foro de São Paulo y sus aliados. Quienes defendemos una sociedad libre y en paz, sin premiar la impunidad, debemos estar claros que del valor civil de cada uno depende nuestro destino. No callar, rodear y defender a nuestra Fuerza Pública. Por ellos sobrevive la esperanza.