Intervención completa de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal ante el Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI

COLOMBIA: UN PAÍS APLAZADO

Quiero expresar mi gratitud a Bruce Mac Master y a la ANDI, por su invitación al Sexto Congreso Empresarial Colombiano, que me honra, por tratarse de la organización gremial más importante del país.

Jugamos en la misma cancha de la democracia liberal, de la libre empresa, del Estado menos intervencionista; de la seguridad como bien fundante y de la necesidad de llevar a cabo las reformas que el país ha aplazado repetidamente, que son aprovechadas por quienes usan esa frustración para convertirse en «salvadores», cuando representan un riesgo para la democracia, de cara a las elecciones de 2022.

Permítanme en esta exposición un recuento de los aplazamientos durante nuestra vida republicana, porque nunca he encontrado un mejor consejero que la historia.

En 1810 cuando se lanza el grito de independencia, esa aspiración tuvo que ser aplazada, pues en lugar de buscar la unión y la fuerza, en 1812 ya estábamos enfrentados en la primera guerra interna del siglo.

Por eso esa época fue  bautizada como “La Patria Boba” y  la independencia tuvo que esperar hasta las dos grandes batallas de 1819 en Boyacá.

De hecho, una vez llegado el momento de construir “Nación»y definir un modelo de organización que permitiera crear instituciones fuertes para consolidar el territorio y administrar la independencia, esto no ocurrió.

En Colombia existe una extraña INcapacidad de aprender de la experiencia.

Por eso después de esa primera guerra civil temprana hubo 10 Guerras más de carácter nacional durante el fin de siglo y 14 guerras regionales y decenas de revueltas locales.

Podríamos afirmar que desde épocas remotas, las armas se han institucionalizado como forma de solución de las diferencias.

El país tuvo entonces, en sus primeros 60 años, seis constituciones y cinco nombres diferentes, hasta la Carta de 1886 y el nombre de República de Colombia.

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Transcurrió entonces el siglo XIX, aplazando la construcción de país, entre guerras y hegemonías de los dos partidos políticos que se fueron consolidando.

Entre 1863 y 1886, gobernó 23 años “La Primera República Liberal” y luego entre 1886 y 1930, gobernó 44 años la “Hegemonía Conservadora”; periodo en el cual estalló la guerra de los «mil días” con la mutilación del territorio por la separación de Panamá, en 1903.

El siglo XX inicia con la resaca de la guerra y una especie de “calma chicha” durante la hegemonía conservadora; pero como ninguna hegemonía es buena, en ella se empieza a cocinar la gran guerra no declarada del siglo XX, conocida como “La Violencia”, entre los dos grandes partidos; en un caldo de cultivo que incluyó la conmoción de la Primera Guerra Mundial y su posguerra, los coletazos de la revolución bolchevique con la internacionalización del comunismo y las repercusiones de La Gran Depresión.

En 1930 hay cambio de turno y comienza “La segunda República Liberal”, al tiempo que nace el Partido Comunista Colombiano y en 1935 la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, la primera gran central obrera que, con el apoyo del partido gobernante, aglutina las organizaciones obreras comunistas y, desde entonces, las relaciones obrero-patronales del país han estado marcadas por la confrontación, la lucha de clases, el antiimperialismo y todas las consignas y estrategias del comunismo internacional.

Desde ese momento se van calentando los ánimos en los dos partidos, hasta 1946, cuando un sector del partido liberal, que ya se confesaba social-demócrata, se radicaliza y nace el  partido Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR), liderado por Jorge Eliecer Gaitán.

Con la división, los conservadores vuelven al poder, cuando ya los enfrentamientos armados están a la orden del día en las regiones, hasta el asesinato de Gaitán en 1948 y la generalización de la violencia entre el gobierno conservador y las “guerrillas liberales”, con una fuerte influencia del comunismo internacional.

Y siguiendo de aplazamiento en aplazamiento, en 1953 se produce un golpe de Estado militar -que no lo fue tanto-; la violencia disminuye -sin desaparecer- y el país entra en un periodo de ese progreso relativo que es posible cuando se conculcan las libertades y se consolida la dictadura.

Comenzando la década de los sesenta, los partidos históricos necesitan recuperar su espacio político y se ponen de acuerdo, derrocan al dictador y nace el “Frente Nacional”, con la repartición sucesiva del poder durante 16 años.

Visto de ésta forma, el Frente Nacional fue otro aplazamiento de la democracia real, por las restricciones a elegir y ser elegido y por la segura alternancia y repartición de la burocracia, que empieza a a incubar una de las tres grandes maldiciones del siglo XX: la corrupción política, que luego haría metástasis en todo el país.

Pese a todo,  durante el Frente Nacional hubo un gran desarrollo institucional, sobre todos en los gobiernos de Carlos Lleras Y Misael Pastrana; pero también un vaivén de posiciones ideológicas y decisiones de política pública, en temas como la reforma agraria expropiatoria de los liberales y la defensa del derecho a la legítima propiedad privada, de los conservadores.

Y como La violencia no ha tenido solución de continuidad en la historia del país, con el Frente Nacional nacen otras dos grandes maldiciones: la subversión armada comunista y el narcotráfico, que aplazaron  el desarrollo integral del país.

La primera es hija de la estrategia de la internacional Comunista, de exportar la revolución armada a Latinoamérica. Así nacen, promovidas, entrenadas y armadas en Cuba, las guerrillas colombianas, entre otras, las Farc en 1964, el ELN en 1965, el EPL en 1968 y el M19 en 1970.

La segunda, el narcotráfico, nace con la “bonanza marimbera” en la Costa Caribe, llevada al extremo con la decisión de López Michelsen de crear la “ventanilla siniestra”, que legalizó millones de dólares de ingresos de la marihuana.

A mediados de los setenta la marihuana fue reemplazada por la coca, los caciques por los capos y los carteles, y el país vive en la década de los ochenta, una ola violencia narcotraficante sin precedentes.

En el gobierno Betancur es asesinado el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y en el de Virgilio Barco, caen tres candidatos presidenciales, entre ellos Luis Carlos Galán, cuyo asesinato da paso a la presidencia de César Gaviria.

En  el gobierno de Gaviria se proclama la Constitución de 1991. Y viene la primera gran ola de internacionalización de la economía, que favorece a los llamados sectores modernos; pero deja postrado al campo, que ya estaba en medio del fuego cruzado de guerrillas y paramilitares.

En ese entonces se da la caída del Muro de Berlín y las guerrillas comunistas pierden el apoyo de Moscú, fuente de financiación de la revolución,  y se dedican con mayor fuerza a la extorsión y al secuestro, para terminar hermanadas con las mafias en lo que ha sido el combustible de la violencia y la corrupción: el narcotráfico.

Ese influjo desestabilizador y corruptor se hace patente con la elección de Ernesto Samper y el Proceso 8.000, sucedido por Andrés Pastrana, quien con más buena voluntad que realismo político, se deja embaucar por las Farc y les entrega la Zona de Distensión del Caguán, cuyo estruendoso fracaso, sin embargo, da inicio al Plan Colombia y al fortalecimiento de las Fuerzas Militares.

La historia continúa con la llegada al poder de Álvaro Uribe, que coincide con un momento de inviabilidad del Estado y se da inicio a un periodo de gran transformación a través de la política de Seguridad Democrática, al tiempo que se lleva a cabo el sometimiento de las autodefensas a partir de la Ley de Justicia y Paz (2005).

Al final de sus dos periodos de gobierno las Farc están diezmadas y el narcotráfico en su más bajo nivel desde el inicio del Plan Colombia.

Pero en este país de aplazamientos y retrocesos, surge una amenaza por el nuevo entorno continental, sumada a una enorme traición política local.

Hugo Chávez asume como presidente de Venezuela en 1999, dando entrada a un factor perturbador que no estaba en las cuentas de nadie:

El Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, que empieza a inyectar los petrodólares de Venezuela al Foro de Sao Paulo, para avanzar en la nueva estrategia del comunismo internacional hacia la toma del poder en las urnas, comenzando por Lula da Silva en Brasil (2002), y luego en Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, El Salvador, Perú y Argentina.

A finales de la era Chávez, la economía venezolana empieza su caída libre y el dictador encuentra otra fuente de financiamiento ya probada en Colombia por las FARC y el ELN: el narcotráfico. Venezuela se convierte en asilo permanente de estos grupos mafiosos, y el presidente Uribe rompe relaciones diplomáticas y comerciales.

En Colombia, mientras tanto, llega al poder Juan Manuel Santos en 2010, elegido con los votos de Uribe y con la bandera de la Seguridad Democrática, pero más se demoró en terciarse la banda presidencial que en traicionar a sus electores y dar comienzo a un verdadero y enorme retroceso.

Aquí vemos el reconocimiento de Chávez como su “nuevo mejor amigo” y el restablecimiento de relaciones; La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como una señal para las Farc (2011); el inició de negociaciones secretas ¡en Cuba! Sumado al reconocimiento del “conflicto interno” para dar estatus a la Farc como «parte». La polarización del país entre «amigos y enemigos» de la paz; el show de Cartagena en agosto de 2016; el plebiscito del 3 de octubre y la victoria del NO; la renegociación que no lo fue y el show de cierre en el Teatro Colón, validado ilegalmente por el Congreso de la República.

El proceso de negociación con las Farc fue un asalto a la democracia y todas las instituciones fueron pervertidas:

  1. El Ejecutivo, que traicionó a sus electores y se entregó a unas negociaciones bajo la amenaza extorsiva de la violencia.
  2. El legislativo, que entregó su competencia deliberante y su iniciativa legislativa, bajo el régimen del “fast track”,  la antítesis de la democracia.
  3. El sufragio, que perdió su condición soberana de expresar la voluntad popular, cuando el Acuerdo regaló curules sin votos.
  4. la lucha contra el narcotráfico, negociada con la principal mafia narcotraficante…
  5. y la justicia, que aplazó una vez más la reforma mil veces aplazada, y aceptó la impunidad total en la JEP y la participación en política de culpables de crímenes de lesa humanidad.

Hoy seguimos en modo aplazamiento, por cuenta de la pandemia, en una realidad compleja agravada por la revuelta social violenta, que un gobierno bienintencionado no logra controlar, con algo de temor al “qué dirán», alimentado por la propaganda falaz de la izquierda y en medio de una difusa mezcla de garantismo excesivo y ausencia orientadora de la preeminencia de la Ley y de la autoridad legítima del Estado.

Y pese a todo lo anterior, el país avanzó. Demostrando el coraje del pueblo colombiano.  Aunque  en lo político perdió la asignatura, por el desprestigio de la clase política sumida en la corrupción y en el leguleyismo  frente a la urgencia de menos pero más eficaces leyes.

El “aplazamiento” del futuro siempre prometido, es una frustración permanente para los colombianos, y peligrosa para la continuidad de la democracia.

El país, que es la sumatoria de 50 millones de historias individuales, de colombianos de carne y hueso que merecen salir de la trampa de aplazamientos sucesivos,  necesita volver a creer en sus gobernantes.

Para eso, es vital para la democracia la recuperación de la confianza ciudadana, que se reconstruye con resultados y evidencias de cambio, de retorno a los valores fundacionales de la patria, que pueden resumirse en el lema de nuestro escudo:

LIBERTAD Y ORDEN. Y la recuperación del Orden se hace  a partir de tres premisas fundamentales:

La Primera: El imperio de la ley como máxima norma de convivencia,  frente a la cual todos tenemos los mismos derechos y nos asisten las mismas obligaciones.

La Segunda: La justicia debida y oportuna, para todos, como el instrumento para garantizar el imperio de la Ley; San Agustín decía: «Cuando se suprime la justicia, ¿qué son los reinos, sino grandes bandas de ladrones?».

La Tercera: La seguridad, en su sentido más amplio, como bien fundante de la sociedad que no se limita a la preservación de la vida sino también de la «libertad integral”: libertad de expresión y opinión,  libertad de emprendimiento empresarial,  libertad de credo, de trabajo, de asociación alrededor de objetivos lícitos.

Dentro de ese orden de ideas, el “desAplazamiento” del país, en cuanto al orden se refiere, reclama de compromisos en varias direcciones:

  1. Colombia necesita una reforma política, que dignifique el papel de los partidos políticos y el ejercicio individual de la política; que erradique la corrupción derivada de confundir el poder con el manejo de la burocracia y la contratación, usados para sostenerse indefinidamente en el poder.

Una reforma política que redefina las competencias de las tres ramas del poder público, que evite las puertas giratorias y las componendas; en últimas, una reforma que le devuelva la confianza al ciudadano.

  1. Colombia necesita una reforma profunda a la justicia, que siempre se ha estrellado con los intereses de la magistratura, con los intereses del Congreso, con los intereses y la falta de gobernabilidad del Ejecutivo, con los intereses ideológicos de los sindicatos de la rama judicial y hasta con los intereses de las mafias del narcotráfico.

Colombia necesita una justicia que garantice los logros de la Constitución de 1991, especialmente la tutela, pero que evite su abuso sistemático, que se ha convertido en una nueva trampa para el acceso que buscaba facilitar.

Que sea una justicia oportuna, articulada desde la acusación, la investigación y la transparencia en los procesos, hasta la debida sentencia.

Y para ello se necesita voluntad política y gobernabilidad.

Álvaro Gómez  decía: «Hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al bando de los criminales».

  1. Colombia necesita una reforma laboral, tantas veces prometida y tantas veces impedida por los sindicatos de izquierda, que sea la palanca de la formalización y de la creación de más y mejor empleo, diverso en sus modalidades, como diverso es el país; que garantice el bienestar y la dignidad del trabajador, en el campo y en las ciudades, en todos los oficios y competencias, en los pequeños emprendimientos y en los grandes.

 

  1. Colombia necesita una reforma pensional, tantas veces intentada y tantas veces torpedeada por las centrales de trabajadores de orientación comunista. El actual sistema es insostenible para el erario. Y la incapacidad para “tocar las pensiones”, derivada de una falta de “gobernabilidad real”, es uno de los aplazamientos más costosos, tanto en lo económico, como en lo social por el abandono en que mantiene confinada a la gran mayoría de la población de la llamada “tercera edad”, dentro de la cual están los ancianos más pobres del país.

 

  1. Colombia necesita una reforma educativa, para acabar con el “analfabetismo efectivo” de bachilleres y profesionales. Una educación en que la formación en valores ciudadanos se recupere y deje de ser una “costura”.

Una educación que valore al maestro, pero que también le exija; y permita la evaluación y el crecimiento del docente; una educación que no adoctrine ni que esté secuestrada por FECODE.

En esa dirección, he presentado un proyecto de Ley que permite la contratación con la educación privada, cuando no exista oferta pública o porque la calidad ofrecida por el Estado en sus diferentes niveles, no alcance los estándares aceptables de la evaluación institucional de calidad.

Respecto a la financiación de la educación superior, tanto pública a través del ICETEX, como privada a través del sistema financiero, no puede terminar en exacción amenazante para un egresado sin empleo. El Estado debe subsidiar los intereses durante la etapa de estudio y, con los controles debidos, debe consultar también las posibilidades de pago del egresado.

  1. Colombia necesita una reforma tributaria estructural que contenga los instrumentos para su actualización cuatrienal, presentada por el Gobierno para la ejecución de su Plan de Desarrollo, que supere la colcha de retazos de las reformas anuales; una reforma que NO pueda ser revisada durante el cuatrienio, sino por circunstancias sobrevinientes de grave afectación de la economía, como la pandemia.

Es necesaria una estructura tributaria que brinde seguridad jurídica para fomentar la inversión nacional y extranjera, pero que diferencie en la tributación los emprendimientos por su tamaño y su condición rural o urbana.

Una reforma tributaria que fomente la formalización empresarial, como el camino hacia el pleno empleo, porque la informalidad prevalente es uno de los mayores factores de inequidad.

Y, a la par con la recuperación del ingreso tributario, el Estado debe comprometerse con la reducción del gasto. El Congreso puede ser más pequeño y ya hay proyectos de ley en esa dirección, las consejerías y otras instancias deben ser evaluadas con el prisma del costo – beneficio.

  1. Colombia necesita una política de generación de empleo, con la «desregulación” como herramienta principal.

El Estado tiene que facilitar el camino, porque en la excesiva regulación y en los trámites se esconde la corrupción y se ahoga la iniciativa privada.

Colombia necesita una política de empleo que reconozca la diferencia en tamaños de emprendimiento, pues los requisitos de una empresa de cinco empleados no pueden ser los que aplican para un gran conglomerado.

El crédito para la pequeña empresa, el microcrédito, no puede seguir siendo de usura, bajo el alegato del mayor riesgo.

La dificultad de acceso y los intereses del microcrédito, son la puerta al delito del “gota a gota” y una expresión de inequidad sin parangón. El Estado debe subsidiar el riesgo del microcrédito, como un camino para la formalización del empleo de baja y mediana escala, que, paradójicamente, sustenta una gran tajada de la actividad económica del país.

Colombia necesita una política de empleo que reconozca la diferencia entre el entorno rural y el urbano. Y algo muy importante para contrarrestar el discurso populista de la izquierda: el campo necesita con urgencia una política pública que rescate de su pobreza al pequeño productor rural, a través de una política pública y sostenida de ASOCIATIVIDAD RURAL que construya tejido social y posibilite el encadenamiento con medianos y grandes productores.

  1. En el tema ambiental, el Gobierno debe encontrar el equilibrio entre la necesaria conversión energética progresiva y la dependencia innegable de los combustibles fósiles.

Es fácil rechazar la dependencia del petróleo y perseguir su extracción sin tener en cuenta el costo impagable de importarlo en su totalidad, lo cual haría inviable la economía nacional.

La recuperación de la naturaleza exige también el apoyo gubernamental a los sistemas de producción sostenible de alimentos, a partir, entre otras opciones, de los Sistemas Silvopastoriles Intensivos para la producción de carne y leche, pero también de la persecución del narcotráfico, de la tala ilegal que alimenta el comercio informal de madera, y la minería ilegal.

Y de debe evitar caer en tentaciones populistas donde se cede la soberanía del estado y se pone en riego el derecho al desarrollo, como el Acuerdo de Escazú, que judicializa cualquier actividad que afecte el medio ambiente, sin determinar cuál, dándole competencia a agentes extranjeros para actuar judicialmente en Colombia y ante los Tribunales Internacionales de DDHH, reviviendo la Corte Internacional de Justicia, qué nos quitó buena parte del mar de San Andrés.

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Debemos defender a Colombia, para que las elecciones de 2022 no sean las últimas en democracia y con garantías, como ya ha sucedido en buena parte del vecindario.

 

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