Resumen
Desde su posesión como presidente en 2022, Gustavo Petro más de 60 viajes internacionales, con un reciente periplo que incluyó China e Italia entre el 10 y el 20 de mayo de 2025. Esta visita involucró al menos a seis ministros del despacho, así como al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con un costo total de $1.382.695.902 de recursos públicos, sin que se reporten beneficios concretos para los ciudadanos.
Palabras clave
- Viajes presidenciales
- Gastos público
- Huella de carbono
- China
- Ministros
- UNGRD.
Introducción
Desde su llegada al poder, el presidente Gustavo Petro ha centrado su discurso en la justicia social, la transición energética y la protección del medio ambiente. Sin embargo, sus acciones como jefe de Estado evidencian una creciente contradicción entre el relato ideológico que defiende y el comportamiento administrativo y presupuestal que lidera. El caso más reciente es su visita a China e Italia entre el 10 y el 20 de mayo de 2025, en la que no solo incurrió en cuantiosos gastos públicos, sino que involucró a una comitiva ministerial cuyo costo total superó los 1.382.695.902 de pesos colombianos, recursos que salieron del erario y que, paradójicamente, no se destinaron a atender la crisis invernal que afecta a miles de familias en Colombia.
Este escrito expone las inconsistencias entre el discurso presidencial y sus decisiones de gobierno, particularmente en el ámbito del manejo presupuestal y de prioridades institucionales, así como los costos invisibles de una diplomacia sin resultados tangibles para la ciudadanía.
Desarrollo
1. Las cifras del viaje: derroche silencioso y contradicción en su discurso
Entre tiquetes, viáticos y gastos de representación, el viaje presidencial a China e Italia del 10 al 20 de mayo de 2025 costó al país un total de $1.382.695.902. La delegación incluyó a seis ministros del despacho —Agricultura, Ciencias, Hacienda, Comercio, Transporte y Minas—, cuyos gastos individuales oscilaron entre los $15 millones y $17 millones. Solo en viáticos y pasajes del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, se desembolsaron $24.359.794, mientras el país enfrentaba una emergencia invernal en zonas como La Mojana sucreña, donde miles de damnificados esperaban acciones efectivas de respuesta estatal.
El propio presidente generó gastos por USD 98.856, equivalentes a más de $409 millones de pesos, a lo que se suma una huella de carbono de 409.341 kilogramos de CO2 por el uso del avión presidencial, en abierta contradicción con su discurso de transición ecológica y lucha contra el cambio climático.
Petro ha sido enfático en pedir al mundo la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, denunciando los efectos de la industrialización sobre el clima global. No obstante, el uso intensivo del avión presidencial, la constante movilización de comitivas y la emisión de más de 400 toneladas de CO2 en un solo viaje, plantean una paradoja que erosiona la legitimidad del discurso ambientalista y deja en evidencia su doble moral.
- ¿Qué trajo Petro de Oriente?
Uno de los mayores cuestionamientos sociales y políticos radica en la falta de resultados tangibles tras el viaje. No se firmaron tratados comerciales estratégicos, no se logró la eliminación del visado para colombianos que viajan a China y tampoco se reportaron avances sustanciales en términos de cooperación o inversión bilateral directa.
La visita, por tanto, termina posicionándose más como un ejercicio de diplomacia simbólica que como una acción de política exterior efectiva, sin beneficios verificables a corto o mediano plazo.
Conclusión
Los viajes presidenciales son instrumentos legítimos de la política exterior, pero su frecuencia, costo y pertinencia deben estar alineados con criterios de austeridad, transparencia, necesidad y beneficio directo para el país. El caso analizado evidencia una gestión diplomática más cercana al simbolismo político que a la efectividad material, con un alto costo económico y ambiental para los colombianos.
En un contexto de crisis climática, déficit fiscal y emergencia invernal, la desconexión entre el discurso oficial y la acción pública deteriora la credibilidad gubernamental, profundiza el malestar ciudadano y socava la legitimidad de las instituciones. Se requiere verdadero compromiso con las prioridades nacionales y no palabras mediante discursos que en nada ayudan a que el país mejore.
