Bogotá, 29 de abril de 2018.

Colombia es un país en donde suceden todos los extremos de lo absurdo. Ahora la sin razón está representada en el paro armado, al que los terroristas de siempre tienen sometida a la región del Catatumbo.
La confrontación ocurre  entre las guerrillas narcotraficantes del EPL y ELN, paralizando la zona hace más de una semana y dejando atrapados a los
pobladores, sin derecho a la libre movilización. Ayer, para sumarle la cereza al pastel, la Defensoría del Pueblo denunció la llegada de al menos 100 hombres de las “disidencias” de las farc.
Tanto los unos como los otros disponen sobre la suerte de los pobladores, mientras el gobierno nacional pasa «de agache», como si el Catatumbo no fuera parte de Colombia, como si tanta anormalidad en el orden público no fuera de su resorte, o como si el abandono y olvido de algunas regiones fueran norma en el desarrollo de  la agenda nacional.
Es inconcebible que el control absoluto de un territorio de Colombia, lo sigan teniendo unas bandas criminales y no el Estado a través de sus Fuerzas Armadas y de Policía, como lo contemplan la Constitución y la ley.
El desabastecimiento ha empezado ya a sentirse y miles de personas piden ayuda humanitaria en San Calixto para poder movilizarse y buscar alimentos y medicinas.

Parece un déjà vú, una historia condenada a repetirse siempre, ante la mirada indiferente de un gobierno al que ya nada le importa. El Catatumbo sigue siendo una región sin Dios ni ley, en donde el dominio guerrillero ha prevalecido sobre el orden constitucional, gracias a los diligentes oficios de Juan Manuel Santos que, lejos de pacificar la zona, ha hecho recrudecer una pelea territorial entre guerrillas y bandas criminales.
¿Qué clase de «paz» pensará construir Santos con el ELN en los tres eternos meses que le quedan en la Presidencia?