La Senadora María Fernanda Cabal anunció que instaurará demanda de nulidad contra resolución 0282 del 4 de julio de 2024, de la Fiscal Luz Adriana Camargo en la que informa la suspensión de órdenes de captura extensiva a las situaciones de flagrancia.
Bogotá D.C., 25 de julio de 2024- Mediante constancia ante el Senado de la República, la senadora María Fernanda Cabal anunció que procederá a instaurar demanda de nulidad contra la resolución 0282 del 4 de julio de 2024, emitida por la Fiscal General Luz Adriana Camargo, que pretende la suspensión de órdenes de captura de miembros de las Farc, extensiva a casos de flagrancia. Todo esto como resultado de lo sucedido en los últimos días, con la captura de miembros del grupo terrorista en posesión de $169.323.000 millones de pesos; 4.200 dólares, 4 proveedores, 3 computadores, 20 celulares, 57 memorias USB, 3 discos duros, 5 GPS, entre otros elementos, que eran movilizados en 7 vehículos de la Unidad Nacional de Protección.
La Senadora Cabal argumentó que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 250, establece que la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y a investigar los hechos que revistan las características de un delito. Además, enfatizó que la Fiscalía no puede suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal, excepto en los casos específicamente establecidos por la ley.
En su intervención, la Senadora mencionó que en uno de los vehículos fue encontrado un menor de 17 años, reclutado desde los 12. Este hecho, junto con la gran cantidad de dinero incautado, proveniente posiblemente de actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión, resalta la gravedad de la situación.
Cabal subrayó que la Fiscalía debe continuar con el ejercicio de la acción penal, ya que la suspensión de órdenes de captura no aplica para hechos posteriores a la firma de los acuerdos. Señaló que la Ley de Paz Total, que demandó y sobre la cual la Corte falló a favor de la protección de las víctimas, no puede ser utilizada como excusa para permitir actividades delictivas.
Cabal concluyó que el deber de la ley penal es proteger a la sociedad y no a los delincuentes, y que la ONU debe enfocarse en la protección de los derechos humanos y no en la complacencia de criminales.
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