La tasa tributaria total en nuestro país para las empresas, según el Banco Mundial, es del 71,2%; o sea que de cada 100 pesos que los colombianos ganan, $71,2 van para el Estado; dejando $28,8 a quien los produjo. Este tipo de tributación castiga el esfuerzo de los ciudadanos, pues se convierte en una forma de expropiación indirecta, en un atentado al principio de capacidad contributiva y en una vulneración al derecho de propiedad. En este sentido, el Paying Taxes Report del Doing Business, expone que la tasa de tributación total en Colombia es superior a la de Latinoamérica y el Caribe (47%) y a la de los países de altos ingresos miembros de la OCDE (39.9%); situación que amerita una revisión.
Debemos comprender que nuestra primera propiedad es nuestro cuerpo, y todo lo que producimos con él nos pertenece: el salario, la pensión, las utilidades empresariales o cualquier prestación económica que se reciba en contraprestación al esfuerzo individual -trabajo-, son propiedad de quienes nos esforzamos por conseguir dicha remuneración.
Con niveles tan altos de tributación, resulta imposible que la tasa de preferencia temporal de los individuos sea baja, afectando de manera directa el ahorro y la inversión en el futuro. Es urgente que Colombia reforme su sistema tributario, para que deje de ser confiscatorio y permita a los ciudadanos satisfacer sus necesidades y generar riqueza. De esta forma, se incentiva el ahorro y la inversión en el corto y mediano plazo.
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Si en las circunstancias actuales es imposible una disminución de impuestos, ¿Por qué no reducir el tamaño del Estado? ¿Por qué no limitar el Estado al 25% del PIB, de forma que, si la economía crece, también lo haga el Estado? Contrario sensu, si la economía se mantiene o decrece, el Estado lo debería hacer también.
Entre las “curiosidades” del gigantismo del Estado, hay varios ejemplos: la ‘Corporación Nacional para la reconstrucción del Río Páez y zonas aledañas Nasa Kiwe’, creada para la reconstrucción de la cuenca del Rio Páez hace 27 años, que aún sigue funcionando como si las obras estuvieran inconclusas. Sus funciones se duplican en la Unidad Nacional Para la Gestión de Riesgos Naturales -que tiene un presupuesto de $214.012.000.000- y en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible -cuyo presupuesto es de $357.880.585.877-. Eliminar esta entidad significaría un ahorro de $19.267.819.000.
También cabe pensar en la eliminación de la ‘Agencia para la Cooperación Internacional (APC)’, donde se ahorraría $33.145.000.000 y sus funciones podrían ser asumidas por una división dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y porqué si el gabinete del Presidente tiene 18 ministros, un jefe y 6 Directores de Departamentos Administrativos, para asesoría y diseño de políticas públicas, ¿no se considera evitar esa duplicidad de funciones eliminando las 16 Altas Consejerías y lograr ahorrar $232.000.000.000?
Adicionalmente, el Gobierno puede reducir en un 15% el presupuesto de sus Ministerios y Departamentos Administrativos -a excepción de Defensa, Salud y Educación-, que significaría un ahorro de $14.370.614.654.784 aproximadamente. En esta fantástica ruta del «recorte», podríamos continuar con la congelación de los gastos de nómina y de funcionamiento del Estado, por los próximos 8 años. Esta propuesta, impulsada por el Presidente Álvaro Uribe, permite ahorrar hasta un (1) punto del PIB, es decir, una cifra aproximada a los 10 billones. Es menester aclarar que se exceptuarían de dichos congelamientos la salud, las pensiones y el SG de Participaciones.
También es el momento ideal para reducir el tamaño del Congreso en un 40%. Actualmente el Congreso de Colombia está conformado por 279 congresistas -5,6 por millón de habitantes-, con un costo de $696.882.329.436. Hacer una reducción en esta proporción, significaría un ahorro de $278.752.931.774. Esta reducción en nada afecta la representatividad, pues Colombia quedaría con 3,3 congresistas por millón de habitantes, mientras que la cifra en Estados Unidos es de 1,6; en Brasil de 2,8 y en China, de 2,1 congresistas por millón de habitantes.
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Otra entidad obsoleta es la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. El Estado no requiere de una inmobiliaria estatal para gestionar sus bienes inmuebles y expropiar a los contribuyentes. Su eliminación significaría un ahorro de $71.185.000.000. Por último, encontramos otra entidad cuya función debe ser asumida por el Ministerio de Educación Nacional o el Ministerio de la TIC, se denomina: ‘Computadores para Educar’. Y, a pesar de su muy altruista función de lograr el acceso, el uso y la apropiación de la tecnología en educación, no es de recibo que esta labor de donación masiva de computadores por parte de las entidades públicas y privadas cueste $103.727.509.438.
Realizar este ajuste, contribuye a reducir el déficit fiscal y sanear la deuda pública, sin siquiera tener que pensar en sacar más dinero de los bolsillos vacíos de los colombianos. Juan Manuel Santos utilizó la pésima teoría económica propuesta por Keynes, de aumento del gasto público, para impulsar artificialmente la economía; después se vio obligado a subir los impuestos (el IVA), afectando a las clases más vulnerables. Ya está claro que el keynesianismo y el socialismo, no constituyen el camino para el progreso.