Bogotá, 22 de septiembre de 2021. La Senadora y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, en su esfuerzo por lograr reformas sustanciales sobre la Justicia Especial para la Paz, que beneficien a los miembros de la Fuerza Pública; radicó un proyecto de ley, con el que se pretende establecer la revocatoria de la medida de aseguramiento dentro de la Ley 1922 de 2018 «Por medio del cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la jurisdicción especial para la paz».
De acuerdo con la Senadora Cabal, esta medida beneficiará directamente a los que no estén condenados y a los comparecientes o quienes manifiesten su deseo de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, siempre y cuando no hayan cumplido con 5 años de privación efectiva de la libertad.
La precandidata argumenta en su exposición de motivos que aunque no se lograron modificaciones solicitadas al Acuerdo firmado con las FARC, luego de que el NO ganara el plebiscito del 2 de octubre, se hace necesario presentar algunas modificaciones para que quienes comparezcan cuenten con todos los mecanismos legales.
Lo que pretende la Senadora y Precandidata Cabal con esta medida, es que no se produzca la privación preventiva de la libertad de Militares y Policías hasta por cinco años, al someterse a la Justicia Especial para la Paz. Por lo que con esta iniciativa, la privación no puede ser superior a la que establece la justicia ordinaria y que cuente con la posibilidad de una revocatoria, que en esta justicia especial no se ha tenido en cuenta.
Asimismo, la Senadora radicó ante la Corte Constitucional, una coadyuvancia, en el proceso de demanda por inconstitucionalidad en contra de la Ley Ley 1922 de 2018; para que no se prive hasta por cinco años a los comparecientes que en todo caso deberán ser tratados en los términos que establece la justicia ordinaria para efectos de salvaguardar el principio de igualdad ante la ley que prevé la Constitución Política.
Valdrá anotar que la Senadora y precandidata Presidencial, ha reiterado en múltiples ocasiones que la libertad es un derecho humano y un bien supremo que debe defenderse en medio de los intentos de inseguridad jurídica que se proponen algunos sectores políticos.
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