Las sociedades claman por encontrar justicia; así como se sueña con encontrar un dirigente que sea justo y bueno.
Especialmente en países como Colombia, donde la escala de valores que solía regirnos, se invirtió, éste anhelo es permanente. Pues lo que antes parecía inimaginable, ahora es «normalizado» a la fuerza.
Tal ha sido el debilitamiento y la deshonra de la vida cotidiana, que la justicia hoy es el mejor ejemplo de maltrato a una sociedad que a gritos clama por ella.
Por eso, haciendo un rápido recorrido de sucesos recientes, observamos cómo Juan Manuel Santos, a pesar de haberse ‘robado’ la reelección presidencial y haber hecho literalmente lo que «le vino en gana» durante su mandato (entre otras, regalar contratos de miles de millones de pesos del erario a artistas para que vendieran al mundo el Acuerdo para la ‘terminación’ del conflicto), nos heredó la nada despreciable cifra de 300 mil hectáreas de coca; que es igual a la firma de muerte de más de un centenar de activistas sociales, cuyos asesinatos no cesan y la culpa es atribuida irracionalmente al actual Gobierno, que poco o nada tiene que ver. Y Santos, impune.
También debemos recordar el silencio cómplice de organismos multilaterales que han pelechado del negocio de la paz, como la ONU; que recibe pagos millonarios por sus servicios burocráticos, que no garantizan que criminales permanezcan en sus zonas de concentración -como Alias Mayimbú, autor del crimen atroz de la candidata a la Alcaldía de Suárez, Cauca-. También debemos tener presente el bloqueo a la fumigación de los cultivos ilícitos por parte de la Corte Constitucional, que opina más allá de su propio conocimiento y jurisdicción; facilitando el fortalecimiento de los carteles del narcotráfico, que infunden terror en distintas regiones por cuenta del control territorial.
Así, en nuestro país, la ilegalidad se convirtió en el negocio más rentable.
Pero tampoco olvidemos el tan denotado escándalo del ‘Cartel de la Toga’, en el que se reveló que la venta de sentencias en la Corte Suprema de Justicia era una práctica común.
Aún no terminamos de sorprendernos al conocer el documento de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que expone cómo dicho Cartel tenía de jefe al magistrado Leonidas Bustos que además en varias ocasiones afirmó: «primero está la paz y luego la justicia”, para estar a tono con la política de Juan Manuel Santos.
Hoy Bustos está refugiado en Canadá, huyendo a las investigaciones en su contra.
En ellas, también se reveló que se habría conformado una empresa criminal donde actuaron los exmagistrados Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y los abogados Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla, exigiendo coimas a cambio de manipular fallos de casos que estaban en su resorte; sin embargo, seguramente no pasará nada más.
La corrupción de Odebrecht también ha sido premiada en Colombia.
A pesar de que esta empresa criminal contara cómo fueron entregados más de 11 millones de dólares a funcionarios del Estado y a congresistas entre 2009 y 2014, para adjudicarse «contratos de obras públicas», los responsables permanecen ‘intocables’, aun conociendo el alto costo que tendremos que pagar por cuenta del atraso en materia de desarrollo de infraestructura en varias zonas del país.
La ausencia de justicia asfixia a Colombia y mientras en otros países los mismos delitos -e incluso los mismos carteles- han sido castigados con una dureza ejemplar, aquí se invisibiliza el problema.
Lejos de una figura como la del magistrado José Luis Barceló de la Corte Suprema de Justicia, que se lavó las manos en el caso del narcoguerrillero ‘Jesús Santrich’ y que aparece como uno de los presuntos autores de la detestable práctica de abuso de poder al ordenar interceptaciones telefónicas en contra del Presidente Uribe -cuando eran abiertamente violatorias de un debido proceso-, el país quiere un juez justo.
Por eso, en esta columna hacemos esta reflexión, producto del clamor popular: ¡Cómo hace de falta un juez Moro, en Colombia!
Un juez como aquel que en Brasil, puso contra las cuerdas el gobierno de la expresidente Dilma Rousseff y a su cómplice Luiz Inácio Lula da Silva, por corrupción y lavado de dinero.
Un juez que no le tembló el pulso para que todo el peso de la ley cayera sobre políticos y empresarios que con dinero, negociaron la ética de los magistrados y destruyeron moralmente una nación.
La desnaturalización de las normas por parte de instituciones que solían ser faros morales, ha llevado a una necesidad imperante de tener jueces que con su rectitud y templanza, sean un ejemplo para una sociedad que convulsiona por la descomposición de sus valores.
Sería el mejor regalo para la Colombia en 2020.
Queremos un juez Moro en Colombia. Queremos valientes que lo den todo por éste país.