Colombia se encuentra quizás en el estado de confusión más profundo que hayamos vivido en la historia reciente. Parece que la escala de valores que solía regir nuestra sociedad se hubiera invertido, dejándonos en un limbo donde lo que antes parecía inimaginable, hoy es normalizado a fuerza.
Todo esto nace de la desnaturalización de las normas por parte de las instituciones que surgieron para ser faros de la ética y la moral, pero que se han ido debilitando en manos de quienes deshonran la justicia y le dan bofetadas a nuestra Constitución tomando decisiones ilegítimas.
Recordemos que la moral -proveniente del latín ‘moris’ que significa ‘costumbre’- es un conjunto de creencias, valores y normas que guían la conducta de las personas. Pero cuando se ejecutan acciones contrarias a ella, desconectadas de la costumbre, se erosiona a las sociedades en su comportamiento.
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Esto es precisamente lo que está sucediendo con el actuar de las altas cortes de nuestro país. El amparo otorgado a alias ‘Jesús Santrich’ es muestra de ello.
En cuestión de semanas, el excabecilla de las Farc pasó de ser un narcotraficante pedido en extradición por Estados Unidos, a convertirse en un ‘Padre de la Patria’ con la facultad de hacer parte de la Rama de Poder que formula y reforma las leyes, además de ejercer control sobre el Gobierno.
El pasado 29 de mayo, la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad inmediata del exjefe guerrillero argumentando que lo cobijaba el fuero de congresista, y su caso pasaría entonces de la justicia ordinaria a ese alto tribunal.
Una postura completamente distinta a la mostrada hace nueve meses, cuando el magistrado Rigoberto Echeverri Bueno, de la Sala Laboral, negó en segunda instancia un hábeas corpus con el cual se solicitaba la libertad de ‘Jesús Santrich’.
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«El señor Seuxis Paucias Hernández Solarte no tomó posesión efectiva de su cargo y como consecuencia no puede decirse que para estos precisos fines se tratara de un congresista en ejercicio efectivo de sus funciones legislativas” reza el documento con fecha del 17 de agosto del 2018 que además dejaba claro que su captura nada tuvo que ver con la labor legislativa, para alegar el fuero.
Sin embargo, contrario a todos los pronósticos, la nueva decisión de la Corte Suprema cambió completamente la noción de ‘legalidad’ que tiene el país.
Atendiendo un fallo de la Sala Plena del Consejo de Estado, – a todas luces irregular- a favor de que se conservara la investidura de ‘Santrich’ como representante a la Cámara por el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, el alto tribunal le dio luz verde a que el narcotraficante recuperara su libertad, quitándole la competencia a la Fiscalía para investigarlo.
Pero el caso ‘Santrich’ tiene antecedentes aún más preocupantes. Iniciando con la cesión de facultades a la Jurisdicción Especial para la Paz por parte de la Corte Constitucional; luego el desconocimiento del salvamento de voto de las magistradas Gloria Amparo Rodríguez y Claudia López Díaz por parte de esa jurisdicción a la hora de ordenar la libertad del ex guerrillero, a pesar de tener nuevas pruebas para ordenar su extradición e invadiendo competencias de otras instituciones del Estado para favorecer el crimen.
Todo esto está enmarcado en una sola línea: A Colombia le urge una reforma a la Justicia que garantice la presencia en las altas cortes de jueces con la suficiente estatura moral necesaria para fallar en derecho, a favor de los valores reales de nuestra sociedad y en concordancia con el concepto de justicia que todos tenemos.