La Senadora María Fernanda Cabal denunció en su cuenta de X que, mientras los gobiernos han derrochado más de 70 mil millones de pesos en diálogos sin resultados, el crimen organizado sigue fortaleciéndose: 63 ataques a oleoductos que han costado 211.622 millones de pesos, y un panorama que incluye cuatro grupos disidentes de las FARC, más de dos estructuras del ELN y 800 bandas criminales, así lo indican.
Bogotá, 8 de enero de 2025- En una nueva investigación publicada en su cuenta de X, bajo el hashtag #PetroEsInseguridad, la Senadora María Fernanda Cabal revela datos preocupantes que evidencian el deterioro de la seguridad en el país durante los últimos años.
Según informes oficiales del Ministerio de Defensa, ni la Fuerza Pública se salvó de los criminales que en 2024 les robaron desde equipo hasta armamento. El inventario incluye:
· 1 antena.
· 6 armas (1 de corto alcance y 5 de largo alcance).
· 471,75 kilos de explosivos.
· 2.251 municiones.
· 3 radios.
· 38 equipos de campaña.
· 77 uniformes.
En total, se han perdido 2.850,75 elementos, un hecho alarmante que deja a la Fuerza Pública en una posición de vulnerabilidad frente al crimen organizado.
Entre el 7 de agosto de 2022 y el 12 de septiembre de 2024, se registraron 63 ataques a oleoductos en Colombia, siendo el Oleoducto Caño Limón-Coveñas el más afectado, con 36 atentados. Este sistema estratégico de 773,94 km, que atraviesa Arauca, Boyacá, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Bolívar y Sucre, ha sido un blanco constante de los grupos criminales.
Otros oleoductos también han sufrido ataques, incluyendo:
· Oleoducto Transandino (OTA): 6 atentados.
· Caño Limón: 13 atentados (13 más pendientes de verificación).
· Mansoya-Orito (OMO): 2 atentados.
Los atentados terroristas contra los oleoductos durante 2023 tuvieron un costo directo de
$211.622 millones, según datos del informe FORM F-20 a la SEC. Reparar cada ataque cuesta, en promedio, 800 millones de pesos, sin incluir el impacto ambiental, la pérdida de ingresos proyectados y otros costos indirectos.
Desde el 2002 hasta el 2024, el Estado colombiano ha derrochado más de 70 mil millones de pesos en diálogos con grupos criminales. Estos enormes gastos no han logrado resultados efectivos, sino que han fortalecido a las estructuras guerrilleras y criminales.
Actualmente, Colombia enfrenta la existencia de cuatro grupos de las FARC, más de dos pertenecientes a las estructuras del ELN y 800 bandas criminales, una situación que refleja el fracaso de las políticas de paz implementadas por los gobiernos de Santos y Petro.
En su hilo de X, la Senadora Cabal cuestiona: “¿De qué han servido los diálogos con los criminales si nada ha cambiado?” Estos datos reflejan una preocupante falta de eficacia en las políticas seguridad y los acuerdos alcanzados con los grupos armados.
FIN
