Resumen
Entre el 7 de agosto de 2022 y el 16 de julio de 2025, el gobierno de Gustavo Petro ha suscrito contratos de prestación de servicios con personas naturales por cifras históricas, según información oficial del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). En el nivel nacional centralizado, se registraron 669 contratos en SECOP I por $5.000 millones y 382.189 contratos en SECOP II por $14,62 billones, vinculando a más de 167.000 contratistas. Este fenómeno refleja un uso masivo de órdenes de prestación de servicios (OPS), lo cual suscita debates sobre la responsabilidad fiscal, eficiencia y legalidad dentro de la actual crisis que vive el país.
Palabras clave
- Contratación estatal
- SECOP
- OPS
- Burocracia
- Contratistas
Introducción
La contratación de personal en el Estado colombiano ha sido un tema recurrente de debate, particularmente en relación con los contratos de prestación de servicios (OPS), figura jurídica concebida como una herramienta excepcional para suplir necesidades temporales de apoyo a la gestión administrativa. No obstante, en los últimos años durante el gobierno Petro, esta modalidad se ha convertido en un mecanismo de vinculación recurrente, generando cuestionamientos sobre la expansión de la burocracia y la precarización del empleo público, además deja en entredicho la responsabilidad fiscal del gobierno sabiendo que existen otros problemas como salud, educación, infraestructura o seguridad que requieren el direccionamiento de recursos.
En el marco del actual gobierno de Gustavo Petro, las cifras oficiales de SECOP revelan un crecimiento sin precedentes en el volumen de contratación de OPS, lo que amerita un análisis académico crítico en torno a su alcance y consecuencias.
Desarrollo
De acuerdo con datos oficiales:
SECOP I: Se celebraron 669 contratos con 147 contratistas, por un valor de $5.000 millones.
SECOP II: Se registraron 382.189 contratos con 167.045 contratistas, con un valor acumulado de $14,62 billones.
Estos números muestran que, en menos de tres años de gobierno, se han ejecutado más de 382 mil contratos de OPS, que representan una gran cantidad de recursos públicos destinados a la contratación directa de personas naturales.
El análisis de estas cifras permite plantear tres reflexiones principales:
- Expansión de la burocracia: El volumen de contratistas evidencia una dependencia creciente del Estado en trabajadores temporales, lo que cuestiona la eficiencia del aparato administrativo y la coherencia con el mandato constitucional de contar con una carrera administrativa sólida.
- Precarización laboral: Aunque las OPS cumplen formalmente un carácter contractual, en la práctica sustituyen vínculos laborales, lo que afecta derechos como estabilidad, seguridad social y prestaciones sociales.
- Herramienta Política: La magnitud de la contratación compromete la capacidad de las entidades de ejercer control efectivo sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales, generando riesgos de clientelismo, ineficiencia y corrupción como el caso de la UNGRD.
Conclusión
Las cifras aportadas por Colombia Compra Eficiente de datos sobre SECOP I y II entre 2022 y 2025 ponen en evidencia una contratación masiva de OPS sin precedentes en Colombia, lo que plantea serias dudas sobre el modelo de gestión pública empleado durante el gobierno de Gustavo Petro. Aunque los contratos de prestación de servicios responden a una necesidad temporal de apoyo a la administración, su uso indiscriminado erosiona principios constitucionales como la meritocracia, eficiencia y sostenibilidad fiscal.
En consecuencia, resulta imperativo dejar en evidencia que el “gobierno del cambio” como se hizo llamar durante su campaña presidencial, solo ha promovido la dependencia estructural de la burocracia estatal en contratos temporales de prestación de servicios.
