Resumen
La diplomacia presidencial es un instrumento legítimo dentro de la política exterior colombiana; sin embargo, su ejercicio exige proporcionalidad, resultados verificables y responsabilidad fiscal. Cuando los viajes oficiales se acumulan de manera significativa sin que exista evidencia tangible de beneficios para el país, se abre un debate necesario sobre la eficiencia del gasto público, la priorización presupuestal y el control político y ciudadano frente al uso de recursos estatales.
El caso del viaje del presidente Gustavo Petro a Japón, realizado entre el 2 y el 6 de septiembre de 2025, constituye un ejemplo paradigmático para examinar la lógica, el costo y el impacto de este tipo de desplazamientos. A partir de información obtenida mediante mecanismos jurídicos de acceso a datos públicos, se evidencia un patrón preocupante: una agenda internacional extensa, costosa y con resultados escasos o nulos para la política interna.
Palabras clave:
- Gasto público
- Viajes presidenciales
- Diplomacia colombiana
- Comitiva ministerial
- Austeridad fiscal
- Control político
Introducción
Entre 2022 y 2025, el presidente Petro ha visitado 27 países, acumulando más de 166 días por fuera del territorio nacional. Al sumar el viaje a Japón, la cifra asciende a 72 desplazamientos internacionales financiados con recursos públicos. La magnitud del dato no es menor: representa casi medio año de gobierno ejercido desde el exterior, con un promedio de dos viajes internacionales por mes.
A pesar de la frecuencia de estos viajes, no existe evidencia pública de un retorno claro en términos comerciales, diplomáticos, ambientales o de inversión extranjera directa que compense la inversión realizada.
Desarrollo
– El viaje a Japón: cifras oficiales del gasto
Según la información revelada por la Presidencia de la República:
Costo del Presidente y su comitiva
- Gasto directo del Presidente en Japón:
USD 35.946 = COP 138.103.094 (con TRM del 17 de octubre).
Esto equivale a 34,5 millones de pesos diarios por cuatro días de agenda. - Ministros acompañantes:
- Participaron las ministras de Agricultura, Comercio y Cultura, junto con el Canciller. El gasto asociado a las tres primeras ministras ascendió a:
COP 75.374.783.
Aeronave presidencial
- Combustible del avión presidencial: COP 637.976.394.
- Huella de carbono generada: 345.956 kg de CO₂.
La cifra contrasta con la retórica ambientalista del Presidente, quien ha insistido en la necesidad de reducir emisiones y construir un modelo energético sostenible. Viajar a ese costo ambiental sin resultados visibles introduce un evidente cuestionamiento ético y técnico.
Total del viaje
La suma total del desplazamiento fue de aproximadamente: COP 776 millones por cuatro días de viaje.
Es decir, 194 millones de pesos diarios para una visita oficial cuya utilidad no ha sido presentada ni defendida públicamente con resultados concretos.
- El discurso ambiental vs. la práctica gubernamental
Resulta crítico evaluar la contradicción entre el discurso ambientalista del Gobierno y la realidad de su comportamiento. La huella de carbono de 345.956 kg generada por el viaje —equivalente a las emisiones anuales de decenas de hogares colombianos— es incompatible con la narrativa oficial de transición energética, austeridad climática y responsabilidad ecológica.
La diplomacia climática exige coherencia: un jefe de Estado que promueve la descarbonización no puede justificar viajes sin impacto estratégico que produzcan costos ambientales de esta magnitud.
– Austeridad selectiva y prioridades de gasto
Mientras el Ejecutivo alega limitaciones presupuestales para seguridad, vivienda, salud y educación, el gasto en viajes internacionales evidencia una priorización diametralmente distinta. La afirmación recurrente de que “no hay plata” se deslegitima cuando, al mismo tiempo, se financian desplazamientos de alto costo sin una política clara de evaluación de resultados.
Desde la perspectiva de política pública, esta contradicción revela:
- Desalineación entre discurso y ejecución presupuestal.
- Falta de métricas de impacto en política exterior.
- Ausencia de controles internos sobre viajes y comitivas.
- Desplazamiento del interés público por decisiones personales o simbólicas del Ejecutivo.
La ciudadanía tiene derecho a exigir que cada peso invertido en viajes internacionales se traduzca en acuerdos, inversiones, tratados o logros diplomáticos concretos. En este caso, no existe evidencia de ello.
Conclusiones
El viaje de Petro a Japón no constituye un hecho aislado, sino parte de un patrón reiterado de gastos elevados, baja rendición de cuentas y ausencia de resultados verificables. La cifra de 776 millones de pesos en cuatro días —con un gasto diario que supera el ingreso mensual de miles de familias colombianas— pone en duda la racionalidad administrativa del Ejecutivo.
La interrogante final es inevitable:
¿Qué beneficios concretos obtuvo Colombia de esta visita para justificar el costo económico, ambiental y político asumido?
Mientras no existan respuestas verificables, la narrativa que se impone es la de un gobierno que antepone una agenda internacional prolífica a las necesidades urgentes del país. Una diplomacia sin resultados, financiada por los colombianos, que contrasta con la insistencia oficial de que no existen recursos para garantizar derechos básicos ni para fortalecer sectores esenciales del Estado.
